LA RAP APOYA LA GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA Y DENUNCIA LAS PRESIONES DEL LOBBY PRIVADO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POR MANIPULAR LA ACTUAL CRISIS SANITARIA EN FAVOR DE SUS INTERESES EMPRESARIALES
⦁ En plena crisis sanitaria, se pone de manifiesto la importancia del agua, en tanto que su disponibilidad es fundamental para la vida, la higiene personal y doméstica y, en consecuencia, para la salud.
⦁ La Red Agua Pública (RAP) demanda el apoyo a ayuntamientos y
operadores públicos en su compromiso con la defensa del derecho humano
al agua y al saneamiento, y denuncia la justificación de cortes de
suministro y las modificaciones legislativas que promueve el lobby
privado de los operadores de los servicios de agua para mantener sus
beneficios.
⦁ La RAP pone de manifiesto la necesidad de promover y acometer la
remunicipalización de los servicios privatizados para priorizar la
función social y ambiental del agua.
La RAP rechaza y califica de egoísta, insolidaria y mezquina la actitud
del sector privado que ha solicitado al gobierno reanudar los cortes de
agua y ampliar la duración de sus concesiones. El pasado 3 de abril, el
presidente de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los
Servicios de Agua Urbana (AGA) envió una carta dirigida al gobierno
donde se argumenta, sin aportar datos ni tener en cuenta que las medidas
de los decretos ley emitidos en relación al suministro de agua son
circunstanciales mientras dure la pandemia, que, en aras a mantener la
sostenibilidad del servicio, es necesario poder realizar cortes en el
suministro ya que, de lo contrario, (sic) se aumentará la morosidad a
muy corto plazo ocasionando un déficit financiero estructural. También
plantean la necesidad de modificar la duración de los contratos
concesionales para poder asumir las pérdidas ocasionadas por la
disminución del consumo que creen que se producirá por la crisis
sanitaria; es decir, aprovechan la crisis sanitaria para pedir
modificaciones legislativas, que afectan a la Ley de Contratos del
Sector Público, no avaladas por datos sino tan solo por expectativas,
evadiendo la transferencia de riesgos que está implícita en los
contratos de concesión.
AGA, que junto con la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y
Saneamiento (AEAS), conforman el lobby defensor de los intereses de las
empresas privadas del agua en España, no ha dudado en aplicar la
doctrina del shock, aprovechando la situación actual de crisis
sanitaria, para intentar sacar provecho para sus intereses
empresariales.
El 17 y el 31 de marzo, el gobierno aprobó sendos decretos ley en los
que se concretaban medidas extraordinarias en el ámbito económico y
social para hacer frente a la crisis sanitaria motivada por coronavirus,
y específicamente las destinadas a garantizar, en este contexto, el
suministro de los servicios públicos de agua. En el primer decreto ley
(8/2020), se establecía la obligación de garantizar el acceso al agua a
los colectivos con la condición de vulnerables, vulnerables severos o en
riesgo de exclusión social, mientras que en el segundo (11/2020), la
obligación se ampliaba al conjunto de los hogares, mientras dure el
estado de alarma, dado que la condición de vulnerabilidad es previsible
que se amplíe sustancialmente.
Estas medidas son coherentes con el derecho humano al agua, que
establece la obligación de disponer un suministro continuo y la
prohibición de cortes por motivos de vulnerabilidad económica o social.
Además, en plena crisis sanitaria, se pone de manifiesto la importancia
del agua, en tanto que su disponibilidad es fundamental para la vida, la
higiene personal y doméstica y, en consecuencia, para la salud.
Al contrario que el sector privado, los operadores públicos de agua han
estado garantizando el suministro en las condiciones establecidas en
ambos decretos ley adelantándose, incluso, a su aplicación en tanto que
asumen las obligaciones del derecho humano al agua de respetarlo,
protegerlo y cumplirlo.
En el contexto de crisis sanitaria, y ante la actitud de AGA, la RAP
reivindica los puntos siguientes:
⦁ Suprimir las vigentes limitaciones y condicionalidades a la gestión y
financiación pública de los servicios de agua previstos en la Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, como paso
previo a su derogación. Establecer nuevos enfoques y líneas de
financiación que favorezcan la gestión pública de estos servicios
públicos esenciales vinculados a derechos humanos.
⦁ Dotar de financiación suficiente a todos los servicios públicos, en
particular la sanidad y los servicios de agua, intrínsecamente
relacionados al tener ambos la consideración de derechos humanos y, como
se pone continuamente en evidencia durante la pandemia, ser garantes del
mantenimiento de la salud humana.
⦁ Facilitar procesos de remunicipalización que asuman la gestión no
lucrativa, pública, transparente y con rendición de cuentas acorde con
el paradigma definido por el marco conceptual del derecho humano al
agua.
⦁ Tras diez años del reconocimiento del derecho humano al agua por parte
de la Asamblea General de Naciones Unidas, es necesario reconocerlo y
regularlo formalmente, con objeto de que no se manipule su alcance y
contenido en relación con sus criterios y principios definitorios, y
específicamente los relativos a la no discriminación, universalidad,
asequibilidad y disponibilidad, con la expresa prohibición de cortes de
suministro.
22 de abril de 2020
Más información:
Red Agua Pública (RAP), es un espacio que aglutina a decenas de plataformas, organizaciones sociales, ambientales, sindicales y políticas del Estado español que promueven una visión del agua como bien común y servicio público, y luchan por la defensa de la gestión pública, sin ánimo de lucro, transparente y participativa de los servicios de abastecimiento y saneamiento.
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