BALANCE DE LA PRIVATIZACIÓN DE AJEMSA.
1ª Parte
Daño laboral:
El ayuntamiento tiene que
asumir un coste que es obligación de Aqualia.
La empresa nueva no se hace cargo de tres altos directivos de Ajemsa (lo
recogía el Pliego de Condiciones). El gobierno local se lo permite y lo
recepciona como personal municipal. Valor del regalo de la Pelayo a
Aqualia: cerca de 400.000 euros anuales.
Presiona a la plantilla hasta deshacerse de su Convenio Colectivo en
vigor y hacer acuerdos individuales, rompiendo la unidad de la
plantilla.
La empresa no asume ni reconoce el Convenio Colectivo en vigor de la
plantilla de Ajemsa y presiona hasta pactar un acuerdo personal
individual con cada trabajador subrogado, como “garantía” de los
derechos anteriores a la privatización (recogido en Pliego y Carta de
Garantía aprobada por Pleno Municipal). Rompe la unidad laboral de la
plantilla, que se queda sin su convenio vigente y los catapulta a la
mínima expresión que representa el Convenio Nacional de Aguas (Convenio
Marco). Las diferencias son abismales y sobre todo, la incertidumbre es
el punto de partida a la hora de negociar condiciones; esto ya no se
hará a partir de ahora a nivel empresa, mirando a la cara de la otra
parte, como desde hace años, se hacía, quedando a expensa de lo que en
tiempos difíciles y con reformas antilaborales, puede ser un suicidio.
Se sacrifican empresas
locales externas que trabajaban a Ajemsa.
• Se deshace del contrato que tenían con Insta, para la renovación del
parque de contadores. Esto supone una media de cuatro puestos de trabajo
local sacrificado.
• No renueva el contrato mantenido entre Ajemsa y Bombas Ruiz, para el
mantenimiento de estaciones de bombeos, telecontrol, cloración, etc…. Se
puede valorar el daño en dos puestos de trabajo locales.
• Forzados por el Pliego de Condiciones, subroga al personal de IMES
API, encargados hasta el momento de la privatización de los trabajos de
mantenimiento del servicio de abastecimiento, alcantarillado y limpieza
de imbornales y desatascos de saneamiento. Reajustan las condiciones
laborales, amenazando (como infame estrategia negociadora) con la
“imposibilidad” de tener trabajo para todos (unos cincuenta operarios)
con lo que dejan de ganar entre 2.000 y 8.000 euros anuales. Para ello y
con el ánimo de no crear conflictos que les dañen, las contrataciones de
este personal no lo hacen en la misma empresa sino en otra filial de
FCC, (TRAINASA). Antes, también les hace romper con sus convenios,
fuerzan los acuerdos individuales con cada uno de la plantilla entrante
y los integra sin remisión, al Convenio Nacional de Aguas. Esto provoca
una diferencia discriminatoria atroz de derechos en sueldos, horarios y
condiciones de trabajo entre los trabajadores de Aquajerez (antiguos de
Ajemsa) y los de TRAINASA; una hora de trabajo más diaria, sueldos mucho
más bajos y organigrama y normas de mando totalmente distintos.
• Varios pequeños o medianos proveedores y contratas o empresas locales
del sector, pierden definitivamente su relación con la nueva empresa. Es
muy difícil de calcular los daños en este apartado, pero indirectamente,
los perjuicios son muy importantes. La multinacional concesionaria del
agua, trae su estructura ya montada de forma que, la mayoría de sus
necesidades laborales, logísticas o materiales, o bien son mediante
filiales de la misma empresa matriz o acuerdos con otras del mismo
sector multinacional, por lo que su beneficio laboral, económico o
industrial se va afuera de la localidad.
Daño económico:
Este daño, que siempre directa
o indirectamente, recae sobre los ciudadanos en general, por ser
clientes cautivos de un “producto monopolizado”, son los siguientes:
• Se dejan de hacer trabajos de mantenimiento menores, que antes con
Ajemsa cubría el servicio. Reposición de llaves de paso, renovación de
portillos, renovación de registros interiores, limpiezas de registros de
saneamiento interiores, reparaciones de acometidas interiores, etc. Se
apoyan en la normativa técnica legal que no les obligan (los hacia
Ajemsa sin estar obligada, como servicio ciudadano).
• Se restringe los pagos en bancos, para no tener que pagar el
mantenimiento de esas operaciones. La asistencia a las oficinas
centrales, para hacer el pago directamente, se incrementa enormemente;
esto supone un incordio para los ciudadanos.
• Se incrementa la factura. Hay una subida que hace la Alcaldesa poco
antes de la firma de la venta de la empresa, -sin informe técnico que la
justifique- del 3,4%, que sin duda alguna es guiada desde la nueva
empresa para luego no tener que hacerla en el primer tramo de
privatización, hasta las elecciones municipales del 2.015. Luego una
subida sobre el IPC del 0,4% y por último la carga del IPC a todos los
conceptos facturados, que antes por ser pública no estaba obligada
Ajemsa. Esto supone que, en poco más de un año de vida privada del agua
en Jerez, muchos tramos y tarifas, se hayan visto incrementados, una
media por encima del 11%. Hay que tener en cuenta que los ingresos
anuales que hacen los jerezanos sobre el ciclo integral del agua, son de
casi treinta millones de euros, por lo que este aumento supone un
escandaloso beneficio para la empresa y acoso o estafa a los ciudadanos.
• Aumentan los procesos de corte de suministro por débito. Ajemsa
ofrecía más flexibilidad, acuerdos y “vista gorda”, en los casos de
impagos por necesidad. Ahora, si alguien no puede pagar, tiene que pasar
por Bienestar Social y si reúne las condiciones que prevé esta
delegación (mal basadas en parámetros de máxima pobreza) será el
ayuntamiento quien haga frente a esa deuda. Antes, también era así, pero
Ajemsa desde hace lustros, también era una “entrada permanente de
caudales” para las arcas municipales (con Pacheco, créditos para el
ayuntamiento a cuenta de las cuentas de Ajemsa y con la Pilar del PSOE,
creando “caja única”, cada mes se quedaba con una cantidad de la remesa
(entre 600 mil y un millón de euros mensuales). Por lo tanto, las ayudas
que la propia alcaldesa declara que se han duplicado desde que está
privatizada, supone otro daño económico para los jerezanos; las partidas
de ayudas sociales para otro conceptos, se empobrecen peligrosamente.
Daño en la infraestructura del servicio:
El Beneficio Industrial, que
la multinacional prevé, en un principio era del 25% (nunca se ha podido
constata este dato, de forma oficial). Mientras, a groso modo, solo se
observa los posibles cambios del precio del agua en sí, la empresa tiene
mil formas de “sacar tajada” de la operación a veinticinco años vista.
Aunque la subida de los recibos es importante, no es en ningún caso el
daño más relevante. Teniéndose en cuenta que la gestión a partir de la
privatización es absoluta de la empresa concesionaria, máxime cuando ni
siquiera se le hace seguimiento alguno desde el consistorio, cosa que
deriva en otro Incumplimiento de Pliego; este establecía la creación de
un STM (Servicio Técnico Municipal) integrado por dos personas
preparadas y dedicadas a controlar la eficacia de la gestión y el
cumplimiento de lo establecido en el Pliego; los costes del
mantenimiento y obras que se hagan desde lo privado, son un chollo
arrollador. Ellos regulan los trabajos, ellos valoran los trabajos,
ellos certifican las obras… por lo que todo queda en casa; negocio
perfecto, sin control público.
El Pliego regulaba que la empresa entrante invertiría en mejoras del
servicio, un millón de euros anualmente, con incremento del IPC, hasta
el 2.038. Hasta este momento, (para dos años) aún no ha invertido nada
en este particular. Claro INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO.
Daño social y patrimonial
Independientemente de los daños económicos y sociales que representa la
privatización del servicio de aguas de Jerez, hay otras cuestiones que
no se pueden desdeñar, por su directo efecto negativo sobre nuestra
ciudadanía.
El servicio de aguas de Jerez tiene a sus espaldas cerca de siglo y
medio de historia. Historia que ha sido escrita por generaciones tras
generaciones, por esfuerzo ciudadano, tras esfuerzo. Es un baluarte de
nuestra ciudad, que hemos construido entre todos, año tras año; día tras
día. Forma parte de nuestro Patrimonio Local. Desde su nacimiento de
Tempul, los 47 kilómetros de tubería, de mina a muchos metros socavada
en nuestras tierras jerezanas; puentes de brillante ingeniería, que
hemos ido manteniendo; de casetas, sifones, desagües, depósitos… de
mampostería, más que centenaria. Si se vende la empresa de nuestro agua,
se está vendiendo NUESTRO PATRIMONIO. Que además, era envidiado por
otras poblaciones; nuestra estructura como servicio de agua municipal,
estaba en muy alto listón del ranking de calidad de empresa gestora de
agua urbana; incluso ciudades europeas de importancia, se fijaron en
nuestra empresa como modelo a seguir.
La privatización de nuestra agua urbana, supone también la
deshumanización del servicio. Lo que antes la población entendía como un
servicio que les correspondía y reconocía como “una cosa suya, del
pueblo”, viendo a sus operarios cariñosamente como “la gente del agua”,
ahora comienza a verla como otro producto más macrocomercializado, que
les llega con unas condiciones impuestas desde “arriba, de fuera” de
Jerez. Esto se refleja a diario, en el trato humano perdido de su
plantilla hacia la propia ciudadanía. La “gente del agua”, ahora son
“los tíos de Aqualia”, que temen por si llegarán para “cortarles el
agua” o a hacerles alguna faena que tendrán que pagar, no como antes. Y
lo más peligroso, este nuevo ambiente hostil entre los usuarios del agua
y los trabajadores, se ha convertido en un “alto riesgo” de agresividad,
que en algunos casos han llegado a tener consecuencias físicas o
verbales.
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