La Coordinadora del Agua busca el
consenso de los colectivos sociales, en su demanda judicial contra el
gobierno jerezano.
Los grupos
sociales, integrantes de la Coordinadora tienen diez días para refrendar
la apuesta de que sean los tribunales los que garanticen la ejecución de
los acuerdos tomados democrática y legalmente, en el seno legítimo de
las Juntas Vecinales de las tres pedanías y de la Mancomunidad de la
Sierra de Cádiz.
En un intenso plenario, celebrado en la tarde-noche de este martes, 3 de
marzo por la organización de la Coordinadora del Agua de Jerez, se ha
decidido por unanimidad, que cada colectivo integrante de esta
estructura social, defensora del agua pública, exponga en su seno la
opción de llevar a los tribunales, todas las cuestiones, que según esta
plataforma, impiden que se lleve a efecto la transferencia del servicio
de aguas de las elas Guadalcacín, Estella y Torrecera.
Tras un debate muy intenso, en el que se estudiaron los hechos y las
medidas que se podían tomar contra lo que consideran, un agravio a la
población de estas elas, un ataque al procedimiento legal y democrático
de los alcaldes pedáneos y los responsables de la mancomunidad serrana y
un presunto delito por dictar normas municipales y emitir informes, que
no se ajustan a derecho; los portavoces asistentes a este plenario,
decidieron consultar con sus colectivos para, decidir y votar en el
próximo plenario, lo que para ellos supone una medida indispensable,
para hacer valer su defensa sobre el agua pública, apoyar a las elas y
la mancomunidad, y denunciar un hecho de posible flagrancia de delito
por parte de los actores, que no reconocen la legalidad ni el derecho de
los acuerdos adoptados, para la remunicipalización de su agua potable.
Por lo pronto, la Comisión Permanente de esta coordinadora, ya ha puesto
en conocimiento de los letrados los detalles técnicos y todo lo que
consideran, pruebas fehacientes de delito, para que valoren la situación
y hagan sus recomendaciones.
Entienden que son muchas las señas de la “mala voluntad” demostrada
desde hace tiempo, por parte del equipo de gobierno. “Se trata de un
paquete de acciones, que sobrepasa la sospecha de la mala intención de
nuestros gobernantes municipales. Complicidad en incumplimientos del
Pliego de Condiciones, trato de favor al permitirle a la empresa
privada, la no renovación de la completa relación de trabajadores que se
incluían en el Acuerdo, la frívola modificación de las ordenanzas de
agua y alcantarillado, la obstrucción continuada con la negación de los
datos y planimetría de las elas, el uso de un informe no competente y
contradictorio a lo regulado para administraciones locales y un sinfín
de cuestiones, que señala claramente la intención del equipo de gobierno
municipal jerezano, que no es otra que intentar derribar la voluntad
democrática y legal de estos pueblos, para que no se vislumbre los
nefastos efectos de la privatización del agua de Jerez, que han
perpetrado a espaldas del interés de los ciudadanos”.
Para la Coordinadora, en esta presunta trama de malas prácticas, por las
que pueden llegar a pedir cuentas ante los tribunales, pueden haber
implicados lo mismo los concejales que votan a favor de las medidas
adoptadas en su contra, como los propios técnicos que elaboran los
estudios que justifican la macabra actuación, así como el propio
firmante del informe de la Subdelegación del Gobierno; sin descartar
pedir responsabilidades a algún medio de comunicación, que se muestra
colaborador de la estrategia municipal, usando información con titulares
condenatorios de la actuación de los representantes legales de los
ciudadanos de estas pedanías y a los responsables de la Mancomunidad de
la Sierra de Cádiz.
Los alcaldes y la Coordinadora del Agua de Jerez, reciben apoyo de
todos los puntos de España y de algunos países europeos y sudamericanos.
La sociedad civil, movilizada por el Derecho al Agua de todas las
familias, desde la gestión pública, condena enérgicamente la obstrucción
del Equipo de Gobierno jerezano y exige que se dé cumplimiento de una
vez a lo que democráticamente, han decidido estos pueblos: la toma de su
competencia, como se ajusta en la ley española y que se realice el
debido traspaso del servicio.
Es una nota de
prensa enviada a este medio desde la Coordinadora del Agua de Jerez
y la Marea Azul del Sur.