REMUNICIPALIZACIÓN:
EL GRIFO VUELVE A MANOS PÚBLICAS
Por Luis Babiano (30/07/2014)
A lo largo de las últimas semanas estamos asistiendo a un intenso debate entorno
a los servicios municipales de agua. El debate, no puede ser más oportuno porque
tras las elecciones municipales muchas administraciones locales tienen por
delante una decisión nada trivial: la toma en consideración de remunicipalizar
algunos de los servicios básicos el servicio de aguas entre ellos, o renovar
unos contratos con empresas, cuyo resultado económico ha sido muy negativo para
las arcas municipales.
En España, al contrario que en muchos países europeos, los procesos de
privatización se han acelerado a consecuencia de la crisis. A esto hay que
añadir que en nuestro país no existe un órgano regulador para precios e
inversiones. El canon concesional está viciando el sistema y desatando graves
irregularidades ya que la cantidad que reciben los ayuntamientos por la “venta”
de la gestión del agua no es reinvertida en el ciclo hidráulico. Estos cánones,
millonarios, se dedican, en la mayoría de los casos, únicamente a enjuagar las
finanzas municipales y son repercutidos en la tarifa a los ciudadanos sin que
aparezca claramente reflejado en la factura.
Vivimos una autentica burbuja hídrica, las cifras hablan por sí mismas. En 1996,
el 63% de la población española estaba abastecida por sociedades públicas. En
2005, el 52% mantenía el carácter público. En 2010, los porcentajes se
invierten: 47% público y 53% privada. A finales del 2014, el 57% serán privadas.
El proceso privatizador se inicia, en la mayoría de los casos, sin debate, por
la puerta trasera y a través del denominado modelo francés, basado en la
pretendida colaboración público-privada. En concreto, se suelen promover
empresas mixtas en las que las instituciones públicas conservan el 51% de las
acciones, mientras el control efectivo del negocio lo ejercen los operadores
privados, sobre la base de monopolizar la información, mediante cláusulas que
les adjudica la competencia exclusiva, tanto sobre la gestión de esas empresas,
como en materia de compras, contrataciones y subcontrataciones. Desaparecen los
concursos públicos, y por tanto la competencia, se elimina el papel de las
empresas locales ya que a partir de ese momento estas empresas se convierten en
un monopolio natural absolutamente cerrado y se aseguran grandes beneficios por
la autocompra de servicios y tecnología a empresas del grupo, por adjudicación
directa. Se trata, en suma, de un modelo sofisticado que incluso ha permitido a
muchos políticos justificar prácticas privatizadoras. Pero los tiempos han
cambiado y en la actualidad la privatización del agua está provocando fuertes
protestas sociales, lo cual da lugar a un curioso fenómeno: mientras la troika y
el gobierno central recomiendan la privatización de estos servicios, los
ciudadanos afectados se oponen a la misma.
Frente al modelo especulativo español el lector debe saber que a escala mundial
sólo el 10% de las 400 ciudades más grandes del mundo son privadas; el 90%
públicas. Las ciudades de todo el mundo están experimentando el fracaso de la
privatización del agua. Acceso desigual, incremento del precio de las tarifas
promesas rotas, obstáculos medioambientales y escandalosos márgenes de ganancias
están impulsando a las municipalidades a retomar el control de este servicio
esencial. La “remunicipalización” del agua es una tendencia nueva. Más de 100
ciudades han remunicipalizado el servicio en el mundo entre los años 2000-2014 y
en todos los continentes. En Estados Unidos destacan Atlanta e Indianápolis; en
Europa Paris, Berlín o Budapest y en los países del sur: Buenos Aires, La Paz;
Johannesburgo, Dar-es-Salaam, Accra, Almaty o Kuala Lumpur.
La
remunicipalización es ya un fenómeno Global.
Existen ya muchos estudios que analizan la transición del abastecimiento privado
de agua al público y todos destacan a París como un modelo de referencia. En la
capital francesa el recibo bajó un 8% durante el primer año y se obtuvieron
beneficios de 35 millones de euros. Además, no están permitidos los cortes de
agua para las familias que no puedan pagar, se han creado nuevos servicios y se
ha logrado que con la empresa pública haya una gestión más democrática y
participativa, con personal, usuarios y asociaciones ciudadanas en el consejo de
administración.
En España, la remunicipalización es también un hecho. En España existen casos
como los del Torrelavega (segundo núcleo más importante de Cantabria), Ermua
(Vizcaya), Arteixo (Coruña), Manacor (Mallorca), Medina Sidonia (Cádiz), Arenys
de Munt (Barcelona), Lucena (Córdoba) o los 22 pueblos de la provincia de
Sevilla agrupados en Aguas del Huesna, “siempre con un servicio mejor y con la
prioridad de la accesibilidad del agua a todos los ciudadanos y ciudadanas”.
En la sociedad Aguas del Huesna se encuentra quizá el origen del movimiento
remunicipalizador en España. Son 22 municipios sevillanos, con unos 300.000
habitantes en su conjunto, que decidieron dar marcha atrás en el proceso
privatizador que se les había planteado para asegurarse el suministro del agua
en 1994. Aquella privatización acabó en un mejunje de sobrecostes en las
inversiones proyectadas y de incumplimientos que en 2007 derivó en un expediente
de rescate de la concesión y en la puesta en marcha de una empresa pública que
se encarga de abastecer agua a esos municipios. El mayor tiene 50.000
habitantes; el menor, apenas 300.
La burbuja hídrica es causa y efecto, a veces, de la corrupción. En Torrelavega
(con 54.827 habitantes), el llamado ‘escándalo del agua’ surgió al detectar los
técnicos municipales irregularidades en la gestión de la empresa mixta,
concretamente durante los ejercicios de 1999 y 2000. En 2011 quedó resuelto el
proceso administrativo, con el respaldo judicial a la decisión del pleno de la
Corporación de rescindir el contrato entre el Ayuntamiento y Aqualia (FCC), la
empresa privada que tenía entonces el 51% de las acciones de la sociedad
responsable de la gestión del agua en el municipio (Aquator). Los delitos que se
imputan tienen que ver con la presunta manipulación de caudalímetros, la
contratación irregular de empresas filiales para distintos trabajos y el desvío
de compras de carbón activo para otros municipios, principalmente. En la
actualidad la empresa pública de Torrelavega ha acometido importantes obras de
agua y presenta beneficios.
Otro caso muy conocido es el de Medina Sidonia (11.781 habitantes), Cádiz,
municipio que en 2003 decidió crear su propia empresa pública — hoy denominada
Medina Global— para gestionar el abastecimiento del agua, el factor precio fue
importante. Pero desde que se recuperó la gestión pública, en el municipio no ha
habido cortes de agua, ni siquiera con la irrupción de la crisis económica. La
decisión de remunicipalizar fue tomada con una firme voluntad de mejora del
servicio en todos sus aspectos, así como de repercutir directamente los
beneficios generados en el municipio. En la actualidad Medina está intentando
remunicipalizar también los servicios de recogida de residuos.
El modelo de Medina Sidonia también ha inspirado a ciudades como Lucena (42.560
habitantes), Córdoba, que recientemente ha remunicipalizado el servicio y aplica
los valores del derecho humano al agua siguiendo las recomendaciones de la ONU.
Un modelo de gestión que en un solo año ha acometido obras que eran vitales para
garantizar el acceso al agua a la ciudadanía y que a día de hoy la empresa
pública presenta superáLucenavit.
Por otro lado, opino que la bajada de tarifas o la eficiencia del servicio
público no deben ser los únicos factores a la hora de decidir la reversión de
una concesión. La accesibilidad y la garantía de servicio, junto con la
trasparencia y la participación pública de la gestión pública tienen que estar
en la base del modelo. Desde mí posición, el énfasis de la nueva política de
aguas debe de ponerse en la Gestión Pública Participativa, sin ánimo de lucro,
como servicio de interés general ya que el agua no es una mercancía, sino un
bien común y un derecho fundamental, además de elemento esencial para la vida.
Para ello, es necesario crear un amplio consenso, a través de un Pacto por el
Agua Pública, en el que se definan y acuerden los fundamentos y las reglas
básicas del modelo público: transparencia, rendición de cuentas y participación
social. Un modelo que frene el incipiente proceso de corporativización1, que
también amenaza al modelo público; y que conduzca hacia el objetivo final de la
sostenibilidad económica, social y ambiental.
Recientemente, en la ciudad de Zaragoza y su entorno, se ha firmado un
Compromiso social y político por la gestión pública y participativa del agua,
que aboga por la gestión y tratamiento del agua como un servicio de acceso
universal, participado y vinculado a los derechos humanos. Este compromiso,
impulsado por la Red Agua Pública de Aragón y firmado por el tripartito que
forma el Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza, trece organizaciones sociales y
dos fundaciones, plantea cambios estructurales —por ejemplo, recoge la
implementación de un órgano fiscalizador que cuente con colectivos sociales—,
que suponen un reto complejo pero al mismo tiempo fascinante. Zaragoza puede dar
el pistoletazo de salida para un nuevo modelo de gestión pública. Atentos.