22 de marzo de 2016
DÍA MUNDIAL DEL AGUA
POR LA ASUNCIÓN DEL DERECHO HUMANO AL AGUA
POR UNA GESTIÓN PÚBLICA, TRANSPARENTE, PARTICIPATIVA Y SOSTENIBLE DEL
CICLO INTEGRAl DEL AGUA EN LA COMUNIDAD DE MADRID
Todos
los años se celebra el Día Mundial del Agua, por ello, en la pasada
ocasión, aprovechamos para reivindicar el derecho humano universal al
abastecimiento y al saneamiento del agua conforme ha sido configurado y
reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como, por
el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Recientemente el Parlamento Europeo ha aprobado mayoritariamente instar
a la Comisión Europea a su regulación, que reconozca que el agua no es
un producto comercial sino un bien público imprescindible para la vida y
la dignidad humana y que excluya permanentemente el agua, el saneamiento
y los tratamientos de aguas residuales de las normas del mercado
interior y de cualquier acuerdo comercial. También ha pedido a los
Estados que no promuevan la privatización de las empresas públicas del
agua y que pongan fin, de forma inmediata, a los cortes de agua en
hogares de bajos ingresos y que velen por una gestión eficiente, eficaz
en términos ecológicos y ambientales y transparente del proceso de toma
de decisiones con participación de las entidades locales y de la
ciudadanía, impulsando modelos de gestión pública para asegurar la
disponibilidad, la estabilidad y la gestión segura del recurso,
garantizando así el derecho humano al agua en el futuro.
Sin embargo, en la Comunidad de Madrid, estamos asistiendo a un proceso
inverso, a la privatización de la gestión del ciclo del agua.
Con la entrada en vigor de la Ley 8/2008, el gobierno del Partido
Popular abrió las puertas a la privatización del la empresa pública
Canal de Isabel II.
En junio de 2012 se constituye Canal Gestión S.A. como instrumento
necesario para la futura privatización, mercantilizando la gestión del
agua, que es un bien común. De esta forma la gestión sale de la
regulación pública pasando al derecho privado que facilita la opacidad,
favoreciendo, por tanto, la discrecionalidad de sus actividades y
hurtando su funcionamiento al control público, político y ciudadano.
Desde su constitución Canal Gestión S.A. se ha caracterizado por un
funcionamiento característico de una empresa privada de carácter
mercantil, opaca y patrimonializada por el Partido Popular, preocupada
exclusivamente por ampliar beneficios para hacerla más atractiva a los
potenciales accionistas privados, realizando una agresiva política de
reducción de costes e inversiones en el servicio y en los medios
técnicos y humanos, olvidándose de las actuaciones que en materia de
medio ambiente está obligada a llevar a cabo en función de la aplicación
de la Directiva Marco del Agua y la normativa europea relativa a la
calidad de las aguas, desatendiendo el interés general y en particular
el de los ciudadanos madrileños, poniendo en peligro la estabilidad y
sostenibilidad del propio servicio público.
Por otro lado, estamos asistiendo a una política agresiva de cortes y
condenas de suministro de agua por parte de Canal Gestión S.A. a
ciudadanos que no disponen de recursos económicos, impropia de una
empresa pública que gestiona un derecho humano fundamental, incumpliendo
los Tratados Internacionales suscritos por el Estado español que obligan
a garantizar una dotación mínima para cada ciudadano y por lo tanto a
asumir el compromiso de no cortar el agua en caso de impagos
justificados social y económicamente. El acceso asequible al agua
potable debe primar sobre cualquier otro aspecto y, por ende, sobre los
aspectos de mera rentabilidad económica y de aumento de la recaudación.
Por si todo esto fuera poco, las noticias que día tras día aparecen en
los medios de comunicación están poniendo de manifiesto la corrupción
institucionalizada en la centenaria y modélica empresa pública Canal de
Isabel II primero y posteriormente en Canal Gestión S.A. que ha sido
utilizada como instrumento del Partido Popular de Madrid para realizar
contrataciones a dedo, malversación de caudales públicos, financiación
de actividades políticas y enriquecimiento de sus cargos políticos y de
personas y empresas privadas de su entorno. Dichas actuaciones están
siendo investigadas en el marco de dos de las macro operaciones de
corrupción más destacadas en España, como son la Púnica y la Tosca, en
las que varios de sus ex altos cargos están imputados.
Hemos de alzar la voz para decir que nos repugna y nos avergüenza la
corrupción que campa libremente en la gestión del agua de la Comunidad
de Madrid, tenemos que echarles a la calle y tenemos que poner los
medios para que no vuelva ocurrir.
La Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II y la Marea
Azul 15M, tras la consulta social en la que 180.000 personas le pidieron
al ejecutivo madrileño que querían una gestión 100% pública del agua y
múltiples campañas de concienciación ciudadana, impulsó en enero de
2015el Acuerdo por una gestión pública, transparente y participativa del
ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid, suscrito por más de
40 organizaciones sociales y la mayor parte de partidos políticos, para
revertir el proceso de privatización del Canal y establecer un nuevo
modelo basado en la gestión pública 100%, en la no mercantilización del
servicio, en la transparencia, la sostenibilidad, la participación
ciudadana y en la prestación de un servicio de calidad.
Municipios como Alcorcón, Fuenlabrada, Madrid, Getafe, Leganés,
Móstoles, Parla, Rivas, San Fernando, Las Rozas, Majadahonda, Alpedrete,
Bustarviejo, San Sebastián de los Reyes, Aranjuez, Valdemoro y un largo
etcétera, han aprobado Mociones en los Plenos de sus Ayuntamientos, que
representan a más de 4,8 millones de ciudadanos y ciudadanas, instando
al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que revierta el proceso de
mercantilización y privatización de la empresa pública Canal de Isabel
II, implante el nuevo modelo de gestión e impida los cortes de agua a
las personas sin recursos.
La presión de los municipios y los ciudadanos nos ayuda y nos hace
fuertes para impulsar, a través de los grupos políticos en la Asamblea
de Madrid, una propuesta de Ley que revierta el proceso de
privatización, lo que implicaría la derogación de los artículos 16 y 17
de la Ley 3/2008, la modificación de la Ley 17/1984 y la promulgación de
una Ley en los términos indicados en el nuevo modelo de gestión,
haciendo efectivo el derecho humano al agua.
Devolver el Canal a su naturaleza exclusivamente pública y establecer un
nuevo modelo de gestión, es la mayor barrera posible contra la
corrupción y a favor de la racionalidad y el buen gobierno.
JUNTOS PODEMOS HACER EFECTIVO EL DERECHO HUMANO AL AGUA, REVERTIR EL
PROCESO DE PRIVATIZACIÓN Y CONSEGUIR UNA GESTIÓN PÚBLICA 100%,
TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA!!
Otro de los peligros que nos acecha a la ciudadanía es la aprobación del
TTIP (Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión) que se
está negociando con total opacidad entre la Unión Europea y Estados
Unidos y pretende armonizar las normativas europeas y estadounidenses a
la baja, por lo que afectará muy negativamente a la vida de los
ciudadanos europeos, ya que limitará la soberanía de los estados
miembros, privatizará la justicia al someter las discrepancias sobre las
inversiones exteriores a procedimientos arbitrales privados, producirá
una pérdida de derechos laborales y limitará los derechos de
representación colectiva de los trabajadores, eliminará el principio de
precaución en materia de estándares técnicos en alimentación, productos
farmacéuticos y de normalización industrial y facilitará la
privatización de los servicios públicos.
También ha de ser conocida por la ciudadanía la finalización de las
negociaciones de otro importante tratado internacional de libre
comercio, el CETA (Acuerdo Integral de Economía y Comercio entre la
Unión Europea y Canadá), similar al TTIP, que se encuentra en fase de
revisión legislativa y que en breve ha de ser aprobado por los
parlamentos de los Estados miembros de la UE. El CETA incluye, al
parecer, la denominada "cláusula trinquete", que imposibilita la marcha
atrás en las liberalizaciones y la privatización de derechos
conseguidos, a pesar, incluso, de haberse demostrado la ineficacia de la
gestión privada.
También se encuentra en negociaciones el TISA (Acuerdo de Comercio en
Servicios), que todavía están estudiando, en el mayor de los secretos,
representantes de 50 países, (incluidos los 28 de la UE, representados
por la Comisión Europea) y que aún va más lejos, pretendiendo, además,
la desregulación absoluta del mercado de servicios.
Alertamos a la ciudadanía del enorme riesgo que producirá su puesta en
marcha y hacemos un llamamiento a participar en las movilizaciones que
se están produciendo en todos los países europeos, porque juntos podemos
pararlo.
PLATAFORMA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL CANAL DE ISABEL II
y
MAREA AZUL 15M