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22 de marzo de 2016


DÍA MUNDIAL DEL AGUA
POR LA ASUNCIÓN DEL DERECHO HUMANO AL AGUA
POR UNA GESTIÓN PÚBLICA, TRANSPARENTE, PARTICIPATIVA Y SOSTENIBLE DEL CICLO INTEGRAl DEL AGUA EN LA COMUNIDAD DE MADRID

 


Todos los años se celebra el Día Mundial del Agua, por ello, en la pasada ocasión, aprovechamos para reivindicar el derecho humano universal al abastecimiento y al saneamiento del agua conforme ha sido configurado y reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como, por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.


Recientemente el Parlamento Europeo ha aprobado mayoritariamente instar a la Comisión Europea a su regulación, que reconozca que el agua no es un producto comercial sino un bien público imprescindible para la vida y la dignidad humana y que excluya permanentemente el agua, el saneamiento y los tratamientos de aguas residuales de las normas del mercado interior y de cualquier acuerdo comercial. También ha pedido a los Estados que no promuevan la privatización de las empresas públicas del agua y que pongan fin, de forma inmediata, a los cortes de agua en hogares de bajos ingresos y que velen por una gestión eficiente, eficaz en términos ecológicos y ambientales y transparente del proceso de toma de decisiones con participación de las entidades locales y de la ciudadanía, impulsando modelos de gestión pública para asegurar la disponibilidad, la estabilidad y la gestión segura del recurso, garantizando así el derecho humano al agua en el futuro.


Sin embargo, en la Comunidad de Madrid, estamos asistiendo a un proceso inverso, a la privatización de la gestión del ciclo del agua. Con la entrada en vigor de la Ley 8/2008, el gobierno del Partido Popular abrió las puertas a la privatización del la empresa pública Canal de Isabel II.


En junio de 2012 se constituye Canal Gestión S.A. como instrumento necesario para la futura privatización, mercantilizando la gestión del agua, que es un bien común. De esta forma la gestión sale de la regulación pública pasando al derecho privado que facilita la opacidad, favoreciendo, por tanto, la discrecionalidad de sus actividades y hurtando su funcionamiento al control público, político y ciudadano.

Desde su constitución Canal Gestión S.A. se ha caracterizado por un funcionamiento característico de una empresa privada de carácter mercantil, opaca y patrimonializada por el Partido Popular, preocupada exclusivamente por ampliar beneficios para hacerla más atractiva a los potenciales accionistas privados, realizando una agresiva política de reducción de costes e inversiones en el servicio y en los medios técnicos y humanos, olvidándose de las actuaciones que en materia de medio ambiente está obligada a llevar a cabo en función de la aplicación de la Directiva Marco del Agua y la normativa europea relativa a la calidad de las aguas, desatendiendo el interés general y en particular el de los ciudadanos madrileños, poniendo en peligro la estabilidad y sostenibilidad del propio servicio público.

Por otro lado, estamos asistiendo a una política agresiva de cortes y condenas de suministro de agua por parte de Canal Gestión S.A. a ciudadanos que no disponen de recursos económicos, impropia de una empresa pública que gestiona un derecho humano fundamental, incumpliendo los Tratados Internacionales suscritos por el Estado español que obligan a garantizar una dotación mínima para cada ciudadano y por lo tanto a asumir el compromiso de no cortar el agua en caso de impagos justificados social y económicamente. El acceso asequible al agua potable debe primar sobre cualquier otro aspecto y, por ende, sobre los aspectos de mera rentabilidad económica y de aumento de la recaudación.


Por si todo esto fuera poco, las noticias que día tras día aparecen en los medios de comunicación están poniendo de manifiesto la corrupción institucionalizada en la centenaria y modélica empresa pública Canal de Isabel II primero y posteriormente en Canal Gestión S.A. que ha sido utilizada como instrumento del Partido Popular de Madrid para realizar contrataciones a dedo, malversación de caudales públicos, financiación de actividades políticas y enriquecimiento de sus cargos políticos y de personas y empresas privadas de su entorno. Dichas actuaciones están siendo investigadas en el marco de dos de las macro operaciones de corrupción más destacadas en España, como son la Púnica y la Tosca, en las que varios de sus ex altos cargos están imputados.


Hemos de alzar la voz para decir que nos repugna y nos avergüenza la corrupción que campa libremente en la gestión del agua de la Comunidad de Madrid, tenemos que echarles a la calle y tenemos que poner los medios para que no vuelva ocurrir.

La Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II y la Marea Azul 15M, tras la consulta social en la que 180.000 personas le pidieron al ejecutivo madrileño que querían una gestión 100% pública del agua y múltiples campañas de concienciación ciudadana, impulsó en enero de 2015el Acuerdo por una gestión pública, transparente y participativa del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid, suscrito por más de 40 organizaciones sociales y la mayor parte de partidos políticos, para revertir el proceso de privatización del Canal y establecer un nuevo modelo basado en la gestión pública 100%, en la no mercantilización del servicio, en la transparencia, la sostenibilidad, la participación ciudadana y en la prestación de un servicio de calidad.

Municipios como Alcorcón, Fuenlabrada, Madrid, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla, Rivas, San Fernando, Las Rozas, Majadahonda, Alpedrete, Bustarviejo, San Sebastián de los Reyes, Aranjuez, Valdemoro y un largo etcétera, han aprobado Mociones en los Plenos de sus Ayuntamientos, que representan a más de 4,8 millones de ciudadanos y ciudadanas, instando al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que revierta el proceso de mercantilización y privatización de la empresa pública Canal de Isabel II, implante el nuevo modelo de gestión e impida los cortes de agua a las personas sin recursos.


La presión de los municipios y los ciudadanos nos ayuda y nos hace fuertes para impulsar, a través de los grupos políticos en la Asamblea de Madrid, una propuesta de Ley que revierta el proceso de privatización, lo que implicaría la derogación de los artículos 16 y 17 de la Ley 3/2008, la modificación de la Ley 17/1984 y la promulgación de una Ley en los términos indicados en el nuevo modelo de gestión, haciendo efectivo el derecho humano al agua.


Devolver el Canal a su naturaleza exclusivamente pública y establecer un nuevo modelo de gestión, es la mayor barrera posible contra la corrupción y a favor de la racionalidad y el buen gobierno.


JUNTOS PODEMOS HACER EFECTIVO EL DERECHO HUMANO AL AGUA, REVERTIR EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN Y CONSEGUIR UNA GESTIÓN PÚBLICA 100%, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA!!


Otro de los peligros que nos acecha a la ciudadanía es la aprobación del TTIP (Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión) que se está negociando con total opacidad entre la Unión Europea y Estados Unidos y pretende armonizar las normativas europeas y estadounidenses a la baja, por lo que afectará muy negativamente a la vida de los ciudadanos europeos, ya que limitará la soberanía de los estados miembros, privatizará la justicia al someter las discrepancias sobre las inversiones exteriores a procedimientos arbitrales privados, producirá una pérdida de derechos laborales y limitará los derechos de representación colectiva de los trabajadores, eliminará el principio de precaución en materia de estándares técnicos en alimentación, productos farmacéuticos y de normalización industrial y facilitará la privatización de los servicios públicos.


También ha de ser conocida por la ciudadanía la finalización de las negociaciones de otro importante tratado internacional de libre comercio, el CETA (Acuerdo Integral de Economía y Comercio entre la Unión Europea y Canadá), similar al TTIP, que se encuentra en fase de revisión legislativa y que en breve ha de ser aprobado por los parlamentos de los Estados miembros de la UE. El CETA incluye, al parecer, la denominada "cláusula trinquete", que imposibilita la marcha atrás en las liberalizaciones y la privatización de derechos conseguidos, a pesar, incluso, de haberse demostrado la ineficacia de la gestión privada.


También se encuentra en negociaciones el TISA (Acuerdo de Comercio en Servicios), que todavía están estudiando, en el mayor de los secretos, representantes de 50 países, (incluidos los 28 de la UE, representados por la Comisión Europea) y que aún va más lejos, pretendiendo, además, la desregulación absoluta del mercado de servicios.


Alertamos a la ciudadanía del enorme riesgo que producirá su puesta en marcha y hacemos un llamamiento a participar en las movilizaciones que se están produciendo en todos los países europeos, porque juntos podemos pararlo.


PLATAFORMA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL CANAL DE ISABEL II

y

MAREA AZUL 15M

 

 

 

 

 

 

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Última modificación: 08 de noviembre de 2021