Estamos frente a una
venta fraudulenta de patrimonio municipal.
Estamos ante una venta
fraudulenta del patrimonio municipal al ceder las infraestructuras públicas –a
la nueva empresa privada– durante 50 años; a ello hay que añadir una pérdida de
ingresos que no se compensan con los gastos que generarán las nuevas
aportaciones municipales a dicha empresa privada.
Según el convenio de
1968 firmado entre el ayuntamiento de Leganés y el Canal de Isabel II, el
primero estaba obligado a la reposición del suelo y subsuelo de la vía pública
(asfaltado, hormigonado y enlosetado), de las calas productos de las averías de
la red de distribución del Canal de Isabel II (el coste económico anual para el
ayuntamiento por este concepto es de menos de 25.000€). Como contrapartida el
ayuntamiento está exento de pago de las facturas por el consumo de agua. La
estimación de estos consumos es de 1.000.000 de m3 anuales. A ello
habría que sumar la limpieza de calles, contadores pequeños de bocas de riego,
fuentes bebederas y ornamentales que asciende a otros 300.000 m3,
aproximadamente.
Ahorro de 25.000 euros
al año a cambio de pagar a la empresa privada 2,5 millones de euros anuales.
El nuevo convenio
establece la obligatoriedad que tiene el municipio de pagar todo el agua que
consuma (actualmente ese gasto es gratis para las arcas municipales). A precio
de las tarifas de consumo de agua actuales vigentes el ayuntamiento de Leganés
tendrá un gasto cercano a los 2,5 millones de euros anuales que durante los 50
años de vigencia del convenio con la empresa privada sumarán un total de 125
millones de euros para hacer frente a los pagos en el consumo de agua.
Los vecinos tendrán
que pagar el consumo de agua para el riego de sus jardines.
Ni que decir tiene que
todas las comunidades de propietarios de la ciudad, que riegan sus jardines
privados o públicos o pequeñas zonas verdes con agua procedente del Canal de
Isabel II enganchando a las bocas de riego del ayuntamiento, deberán pagar este
consumo de agua hasta ahora gratuito.
Se triplicará el
precio del m³ del agua para los ciudadanos.
Todas las experiencias
mundiales de privatización del agua han generado un incremento de los precios de
este bien escaso.
El afán privatizador
del PP llega incluso a la privatización del alcantarillado de la ciudad.
Existe un segundo
convenio por el que se privatiza el alcantarillado de la ciudad. El convenio se
basa en ceder el mantenimiento y conservación de la red de saneamiento de
Leganés a la sociedad privada de nueva creación por un periodo de 50 años
durante los cuales la empresa privada impondrá el régimen tarifario.
Los servicios que no
generan plusvalías para la empresa privada quedan al margen del convenio de
alcantarillado.
Pero no queda ahí el
abuso de poder de la empresa privada que no se hará cargo de aquellos servicios
municipales que son deficitarios como el mantenimiento de la red de saneamiento
municipal de aquellos barrios en los que existe una doble canalización: red de
aguas fecales y el sistema de reciclaje de las aguas pluviales utilizada para el
riego de los parques y jardines públicos. Este mantenimiento en algunos barrios
(ejemplo de Arroyo Culebro) es altamente costoso para el Consistorio, por ello
la empresa privada no se hace cargo de ello. Es decir, la empresa privada se
dedicará a cobrar la tasa de alcantarillado a los vecinos sin hacer ninguna
inversión en obra nueva o en el mantenimiento de la red de saneamiento de la
ciudad.
La nueva empresa
privada que gestionará el agua y alcantarillado de Leganés estará exenta del
pago de la tasa de calas y zanjas.
Tasas por las que el
ayuntamiento ingresaba en 2012 -según el presupuesto municipal de ese año- la
cantidad de 200.000 euros al año. En definitiva todo son beneficios para la
empresa privada.
Las nuevas redes de
saneamiento serán pagadas por todos los vecinos en el recibo del agua, sin que
la empresa privada invierta ni un euro.
Siguiendo con la
lógica de la empresa privada, la nueva sociedad que gestionará la red de
saneamiento de la ciudad, tiene intención de elaborar un Plan Director de
Infraestructuras necesarias cuyo coste será pagado en su integridad por los
vecinos a través del recibo del agua al que añadirán una cuota suplementaria,
con lo cual la nueva empresa privada que gestione los colectores de saneamiento
no invertirá ni un euro en la construcción y mantenimiento de esta red.
Ingresos y gastos que
afrontará el ayuntamiento con la privatización de la red de saneamiento
municipal.
El ayuntamiento de
Leganés ingresa anualmente por la tasa de alcantarillado 1.407.000€ mientras que
los gastos del mantenimiento de éste se acercan a los 500.000€ al año a lo que
habría que añadir 100.000€ en inversiones para reposición de la red. Por tanto
quedaría un beneficio neto público de 800.000€ al año, que el ayuntamiento puede
utilizar para invertir en la mejora de éste o a otros menesteres. Desde la
óptica de la empresa privada esos beneficios se repartirían entre los
propietarios, obligando a los ciudadanos de Leganés al pago de las nuevas
infraestructuras de saneamiento necesarias.
Hemos dicho
anteriormente que el ayuntamiento entrega a la empresa privada un patrimonio
municipal por un valor de 60 millones de euros. A ello habría que sumarle los
beneficios netos que durante 50 años dejaría de ingresar el Consistorio. Estos
beneficios de 800.000€ anuales se convierten en el transcurso de los 50 años del
convenio en 40 millones de euros. Por consiguiente se entrega un saneamiento
valorado a 50 años vista en 100 millones de euros.
Pérdida patrimonial de
92 millones de euros en los 50 años de vigencia del convenio de gestión privada
del alcantarillado del municipio.
¿Qué se recibe a
cambio?
Doce millones de euros
provenientes de la nueva sociedad privada que gestionará la red pública de agua
potable y el alcantarillado de la ciudad. Ello significa una pérdida patrimonial
de 88 millones de euros. A ello habría que sumar la parte del saneamiento
municipal (aguas pluviales) -que no es rentable para la sociedad privada- y por
ello se hacen cargo de ello los presupuestos municipales, con una estimación de
costes de mantenimiento de 3.750.000 euros en los próximos 50 años
(75.000€/año). Lo que haría ascender la pérdida patrimonial a 92 millones de
euros.
En todos estos
convenios aparece una cláusula de rescisión del contrato a los cinco años que no
aparece en el documento de Leganés.
Nos viene a decir el
alcalde de Leganés que este convenio es tan bueno que lo han firmado hasta los
alcaldes del PSOE e IU. ¡Como si eso fuera garantía de algo!
En las localidades de
Alcorcón (PP), Fuenlabrada (PSOE), Rivas-Vaciamadrid (IU) y Paracuellos del
Jarama (PP), el convenio es por 25 años y con cláusula de rescisión del contrato
transcurridos cinco años, mientras que en Leganés es para medio siglo, no existe
dicha cláusula y además percibimos la mitad de la cuantía económica que el resto
de los consistorios.
Leganés recibirá la
mitad de la cuantía económica que recibirán o han recibido distintos
ayuntamientos con el Canal de Isabel II:
El reparto de estas
cantidades se supone que se hace en función del número de habitantes (por ser un
dato del consumo aproximado de agua y por lo tanto del ingreso a percibir
posteriormente por el Canal). Pero en todos estos convenios, menos en Leganés,
su duración es por 25 años y en Leganés por 50 años, es decir ha vendido el
patrimonio municipal por la mitad de lo que el Canal de Isabel II estaría
dispuesto a pagar. Por lo tanto, en números reales, el precio euros por
habitante se reduce a la mitad como podemos observar en la última columna de la
derecha del cuadro.
La oposición es
cómplice del convenio con el Canal de Isabel II.
Llamamos la atención,
por enésima vez, de quienes estan dejando que se realice esta nefasta gestión y
por lo tanto son cómplices: La oposición, por varios motivos. ¿Quizá los señores
concejales del PSOE, ULEG e IU no saben leer? ¿No les gusta trabajar y buscar en
el BOCAM? ¿Les dan igual estos temas? ¿Se la soplan los vecinos de Leganés? ¿No
cobran lo suficiente para defender nuestros intereses? Que cada uno saque sus
conclusiones.
Se están estudiando
acciones legales por la venta fraudulenta de patrimonio municipal. (Un
patrimonio municipal valorado en 60 millones de euros).
Ante estos hechos
Ciudadanos por el Cambio ha encargado a un despacho de abogados el estudio del
convenio para iniciar cuantas acciones tendentes a depurar las responsabilidades
en el ámbito administrativo y penal que hubiera.