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Asamblea constituyente de la red

de ciudades y pueblos por el agua pública

de la Comunidad de Madrid (RAPM)
 

 


PROPUESTA DE ACUERDO SOCIAL SOBRE LA GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA EN LA COMUNIDAD DE MADRID

 

Introducción

 

En enero de 2015, treinta y seis organizaciones sociales y políticas suscribieron un Acuerdo por una gestión pública, transparente y participativa del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid, con el compromiso de defender su contenido, tanto desde la sociedad, como desde las instituciones que se conformasen tras las elecciones municipales y autonómicas que se celebrarían cinco meses más tarde. Este Acuerdo supuso un hito en la lucha contra la privatización del Canal de Isabel II (CYII) y en la capacidad de los movimientos sociales para lograr un consenso amplio respecto al modelo de gestión que debería adoptarse.

 

El resultado de las elecciones de 2015 en la Comunidad de Madrid constituyó un cambio cualitativo tanto en la Asamblea de Madrid, donde el Partido Popular perdió la mayoría absoluta, como a nivel local, en el que las candidaturas progresistas pasaron a gobernar en muchos de los ayuntamientos más poblados de la región consiguiendo en el resto avances significativos. Se configuró, así, una correlación de fuerzas favorable a la paralización de la privatización del CYII, a un modelo de gestión público, democrático, transparente y con rendición de cuentas, y a la implementación del derecho humano al agua y al saneamiento que, en buena parte, articulaban el Acuerdo.

 

Con este nuevo escenario político e institucional, se sentaron las bases para impulsar en la Comunidad de Madrid el movimiento en defensa del agua pública, en la medida en que los gobiernos municipales del cambio estaban sustentados por fuerzas políticas que habían suscrito los compromisos del Acuerdo de forma que, durante la legislatura que ahora termina, se fortaleció la coordinación entre las organizaciones sociales que apoyan el agua pública y el municipalismo; esto se materializó en la realización de sendos encuentros en 2015 y 2016 en los que se definieron los ejes estratégicos que se han desarrollado hasta ahora y que han tenido concreciones relevantes como la aprobación de mociones en decenas de ayuntamientos, que abarcan a más del 80% de la población de la región, en las que se exigía la paralización definitiva del proceso de privatización del CYII, la reforma drástica del modelo de gestión vigente y la implementación del derecho humano al agua.

 

Como resultado de un mandato expreso del segundo encuentro, en octubre de 2018 se constituyó la Red de ciudades y pueblos por el agua pública en la Comunidad de Madrid que integra a representantes de los ayuntamientos y de la ciudadanía interesados en el agua pública en todas sus manifestaciones, incluyendo las relacionadas con los servicios del ciclo integral, los culturales, académicas y educativas, medioambientales, artísticas, sociales y urbanísticas, entre otras.

 

La coordinación entre el movimiento por el agua pública y las fuerzas políticas progresistas se ha materializado también en la Asamblea de Madrid, donde se han impulsado iniciativas en defensa del reconocimiento del  mínimo vital de agua y la prohibición de cortes y, especialmente, en la  presentación en 2017 del proyecto de Ley de medidas para el establecimiento  de un nuevo modelo de gestión pública transparente, democrático y participativo del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid, defendido por el grupo socialista y por Podemos, y rechazado con los votos del PP y de Ciudadanos.

 

En el momento actual, a pesar de que el CYII sigue siendo 100% público, lo cierto es que no se han derogado los artículos de la Ley 3/2008 que posibilitan su privatización, persistiendo la mayoría de los problemas detectados en 2015 en cuanto al modelo de gestión vigente en la sociedad anónima, que se manifiesta por un claro carácter mercantil, por la opacidad, la nula rendición de cuentas y participación pública, y la falta de controles internos y externos. Estas circunstancias son las causas estructurales que han facilitado la corrupción en el CYII, con la aparición de diferentes tramas (Lezo, Púnica y Tosca) que, como resultado de las investigaciones judiciales en marcha, ha supuesto la imputación y/o el encarcelamiento de un gran número de altos cargos de la Comunidad de Madrid y de directivos del Canal de Isabel II, entre los que se encuentran los expresidentes de la Comunidad de Madrid Ignacio González y Alberto Ruiz Gallardón.

 

La implantación del modelo de gestión mercantil ha tenido como consecuencia la subordinación de los intereses de los ayuntamientos a los de la sociedad anónima como consecuencia de las condiciones establecidas en los convenios que se establecieron en un marco de privatización del Canal y que debería revisarse para adecuarlos a la situación actual y a una relación de cooperación entre administraciones.

 

Muchos de los retos que se plantearon en 2015 persisten, pero el camino que se ha avanzado en la consolidación de alianzas sociales y en la coordinación entre los movimientos y las instituciones, configura un mejor escenario para avanzar. En este contexto, campañas como las de Pro Grifo y de las comunidades azules adquieren especial relevancia en la medida en que ponen en valor el agua pública de calidad frente al agua embotellada, a la vez que promueven la gestión pública y el derecho humano al agua, y a las que el ayuntamiento de Madrid aprobó, en julio de 2018, su adhesión.

 

Además de los desafíos relacionados con el agua pública, en el futuro habrá que encarar otros de carácter medioambiental y los relacionados con el cambio climático. Es necesario recuperar y mantener el buen estado y conservación de nuestros ecosistemas acuáticos, no solo para cumplir con la Directiva Marco de Agua y con el resto de compromisos europeos en esta materia, sino para adaptarnos a la realidad que nos impone el cambio climático, reducir nuestra vulnerabilidad frente al creciente riesgo de sequías e inundaciones y garantizar el uso sostenible del agua, con unas demandas adecuadas a los recursos realmente disponibles. Esto es incompatible con el tipo de gestión mercantil imperante en el CYII, cuyo objetivo fundamental es la maximización de beneficios.

 

Las medidas necesarias para resolver la grave crisis que afecta al Canal de Isabel II, la paralización definitiva del proceso de privatización de la entidad y la adopción de un modelo de gestión pública del ciclo integral del agua, sin ánimo de lucro, democrático, transparente, con rendición de cuentas, participativo, sostenible, que respete las competencias municipales y el derecho humano al agua, son posibles, siempre que exista voluntad política. Las próximas elecciones municipales y autonómicas, que se celebrarán en 2019, deben posibilitar el marco político para realizar estos cambios; para ello, se propone el siguiente

 

Acuerdo

Las organizaciones firmantes nos comprometemos a defender tanto desde las instituciones como desde la sociedad civil, un nuevo modelo de gestión del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid que esté basado en los compromisos siguientes:

 

1.      Consideramos que los ríos, acuíferos, lagos y humedales forman parte del común, por lo que su gestión debe realizarse sin ánimo de lucro y con criterios de solidaridad, cooperación mutua, acceso colectivo, equidad, control democrático y sostenibilidad. Lo anterior pasa necesaria y urgentemente por afrontar de forma participativa los impactos del cambio climático en la disminución de la disponibilidad de los recursos hídricos y en la inexcusable necesidad de reducir y gestionar en consecuencia las demandas de agua, con el fin de garantizar su uso sostenible y equitativo. En consecuencia, exigimos al gobierno regional que de una vez concrete una estrategia participativa frente al cambio climático e instamos a los gobiernos locales a que realicen actuaciones de adaptación al cambio climático que necesariamente deberán fomentar las capacidades sociales y la articulación de planes participados de gestión de riesgos de sequía e inundaciones.

 

2.      Asumimos el derecho humano al agua y al saneamiento en los términos definidos por Naciones Unidas, que lo configuran como un derecho de prestación que deberán garantizar los poderes públicos de acuerdo con criterios fundamentales (universalidad, equidad, no discriminación e igualdad sustantiva), normativos (accesibilidad, asequibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y calidad) y comunes con todos los derechos humanos (participación y acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas y sostenibilidad). En este sentido, propugnamos el reconocimiento expreso del derecho humano al agua, en cuyo desarrollo normativo debe quedar garantizado el derecho de las personas vulnerables económica y socialmente a recibir de forma gratuita un suministro mínimo que cubra sus necesidades básicas de agua que les permita vivir dignamente, a la vez que se prohíba expresamente los cortes del suministro por impagos en situaciones de pobreza hídrica. También reivindicamos que en la normativa que se desarrolle se recoja, en los casos de conculcación del derecho al agua, el derecho a la asistencia jurídica gratuita para las personas naturales y jurídicas sin ánimo de lucro que, con independencia de su disponibilidad de recursos económicos para litigar, ejerzan una acción popular o particular, así como el reconocimiento de la legitimación activa para ejercer dichas acciones a quienes ostentan un interés suficiente ante los tribunales.

 

3.       Reivindicamos la recuperación de la entidad pública Canal de Isabel II como responsable de la gestión directa de las actividades relacionadas con el abastecimiento, saneamiento y reutilización en la Comunidad de Madrid, lo que implica la derogación del artículo 16 de la Ley 3/2008 de Medidas Fiscales y Administrativas, la disolución de la sociedad anónima Canal de Isabel II integrando su personal y todos sus activos y pasivos en la entidad pública, la disolución de las empresas del grupo Canal que no estén relacionadas con el ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid, y el abandono de las inversiones realizadas por el Canal de Isabel II en el marco de sus políticas privatizadoras en América Latina. Exigimos que este proceso de desinversión se realice favoreciendo el regreso a la gestión pública de las empresas privatizadas en un contexto de cooperación entre entidades públicas.

 

4.      Entendemos que en el seno del Canal deben cooperar las distintas administraciones -central, autonómica y local-, con competencias en el ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid; en este contexto, los ayuntamientos deberán tener una representación reforzada en los órganos de dirección del Canal, en tanto que son titulares de los servicios de abastecimiento y saneamiento y, en todo caso, se respetará su autonomía en la elección de las formas de gestión de estos servicios. Consecuentemente, planteamos revisar los Convenios formalizados durante el proceso de constitución de la sociedad anónima, en tanto que, además de no corresponderse con la situación actual, incluyen cláusulas abusivas y discriminatorias en detrimento de los intereses de los ayuntamientos, en los que subyace una posición subordinada de las entidades locales frente al Canal.

 

5.      Reivindicamos que el nuevo modelo de gestión pública del Canal se realice sin ánimo de lucro y de acuerdo con criterios de pluralidad, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, calidad y eficiencia social, económica y medioambiental. Exigimos que, desde la Comunidad de Madrid, se impulse un proceso participativo en el que se defina este modelo y, posteriormente, se implemente mediante el procedimiento administrativo que sea pertinente. Propugnamos, en este contexto, la redacción de nuevos reglamentos de los servicios de abastecimiento y saneamiento consecuentes con los criterios anteriores que deroguen a los vigentes, totalmente obsoletos y desfasados de la realidad actual.

 

6.      Defendemos el derecho a la participación pública, activa, libre y significativa en todas las fases de la actividad del Canal, de forma que sea posible incidir y decidir sobre la realización y seguimiento de la programación estratégica y de los proyectos y programas que se realicen y financien, así como la gestión administrativa y presupuestaria, incluyendo el diseño de las estructuras y políticas tarifarias. Por tanto, consideramos que es preciso potenciar los mecanismos de acceso a la información y promover nuevas formas de control social y democrático que garanticen la participación ciudadana efectiva en el funcionamiento del Canal a través de su presencia en el Consejo de Dirección; por ello propugnamos la constitución del Observatorio del Agua como un órgano de participación y control social y ciudadano integrado en la estructura del Canal de Isabel II, en el que se analicen los problemas del agua en la Comunidad, se informe a los ciudadanos, proponga y concierte con la dirección del Canal la solución de los problemas relativos al servicio público del agua, evalúe la calidad del servicio, transmita las quejas de los usuarios y proponga medidas para resolver los problemas observados.

 

7.      Abogamos por el establecimiento de procedimientos formalizados de transparencia y rendición de cuentas que afecten a todos los niveles de la toma de decisiones de los procesos de la gestión y operación del Canal, en el convencimiento de que sentarán las bases para evitar la repetición de las tramas de corrupción que durante las dos décadas pasadas constituyeron un fenómeno estructural en el que se primaron intereses particulares en detrimento de los intereses generales de un servicio público. En este contexto, reivindicamos la transparencia y publicidad de todas las decisiones que los distintos niveles directivos adopten, incluyendo las conclusiones y resoluciones del Consejo de Administración y de la Junta de Accionistas. Entendemos que la rendición de cuentas se debe basar en la existencia de auditorías periódicas internas y externas, incluyendo el control sistemático que, a través de una comisión específica, debería realizarse en la Asamblea de Madrid.

 

8.      Consideramos que un servicio público vinculado a derechos humanos precisa de un personal con derechos y condiciones de trabajo justas y equitativas, para lo cual es necesario adecuar los recursos humanos a las actividades reales que debe realizar, garantizando que los procesos de selección se atengan a criterios de igualdad, mérito y capacidad, se limite y regule la discrecionalidad y que los puestos estructurales tengan carácter de fijos, limitándose los eventuales a los estrictamente necesarios, así como que se establezcan unos salarios justos y homogéneos entre todo el personal laboral. En consonancia con la importancia de los trabajadores, reivindicamos su presencia en el Consejo de Administración del Canal.

 

9.      Abogamos por un Canal imbricado en la sociedad madrileña, que desarrolle relaciones de cooperación con ayuntamientos, colegios, universidades, instituciones, asociaciones y demás organizaciones civiles, en todo lo relativo a sus fines y ámbito de actuación. Reivindicamos que la actividad de I+D+i del Canal se desarrolle de forma planificada teniendo en cuenta este contexto colaborativo, incluyendo en su ámbito de estudio cuestiones relacionadas con la implementación del derecho humano al agua y al saneamiento.

 

10.  Apoyamos las iniciativas de la ciudadanía que tengan como objetivo articular a la sociedad en torno a la defensa de la gestión pública del agua y reivindiquen el derecho humano al agua y al saneamiento. En este sentido celebramos y apoyamos la constitución de la Red de Ciudades y Pueblos por el Agua Pública en nuestra Comunidad, comprometiéndonos a colaborar en sus actividades; igualmente asumimos impulsar las campañas Pro-Grifo y la constitución de comunidades azules en la Comunidad de Madrid.

 

11.  Finalmente nos comprometemos a hacer lo necesario para que las normas y leyes vigentes se adapten a los compromisos del presente Acuerdo. En particular, exigimos la derogación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración Local, y de los artículos y disposiciones adicionales de la ley de presupuestos de 2017 y de la ley de contratos del sector público que fomentan la privatización o limitan la remunicipalización de los servicios públicos municipales, entre ellos los de abastecimiento de agua y saneamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

EVENTOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

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Última modificación: 08 de noviembre de 2021