Desmontando la venta y privatización del agua en El
Puerto
Por las consecuencias de la sentencia del TACRC que anuló la venta y
privatización del agua en Alcázar de San Juan. A la espera de la decisión del
Ayuntamiento de El Puerto tras serle notificada la sentencia.
Alegría en El Puerto de Santa María
A
500 km de Alcázar de San Juan se celebra la sentencia de nulidad dictada el 11
de abril por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales,
contra los acuerdos de la mesa de contratación de fecha 31 de enero y de 14 de
febrero de 2014, y contra los acuerdos del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de
Alcázar de San Juan de fechas 21 de febrero y de 12 de marzo de 2014, adoptados
en el procedimiento de contratación para la "Enajenación de acciones de la
Sociedad Aguas de Alcázar, Empresa municipal, S.A. a
efectos de transformar la citada empresa en una Sociedad de Economía Mixta para
la gestión indirecta de los servicios públicos vinculados al Ciclo integral del
agua en Alcázar de San Juan".
La plataforma ciudadana “Apemsa no se vende” mantiene su lucha desde 2011 para
evitar la venta de 49% de la empresa municipal de aguas Apemsa, y la
privatización de su gestión.
El procedimiento que ejecuta el Ayuntamiento de El Puerto resulta idéntico al
del Alcázar, incluso con el mismo licitador. El pasado 4 de abril el tándem de
gobierno entre el PP y PA adjudicaron a la UTE Aqualia/Trainasa (ambas filiales
de FCC) el concurso para seleccionar “un socio tecnológico especialista en la
Gestión del Ciclo Integral del Agua para la constitución de una Empresa Mixta
conjuntamente con el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María para la gestión
indirecta de un servicio público del ciclo integral del agua en la ciudad
durante 25 años”
Igual de paradójico que en Alcázar, la adjudicación se realiza a favor de la UTE
Aqualia/Trainasa con el compromiso de que estas crearán una sociedad mercantil
para adquirir el 49% de una nueva sociedad mixta conjuntamente con el
Ayuntamiento, para que finalmente sea esta sociedad mixta la adjudicataria de la
licitación y concesión administrativa para la gestión indirecta del agua.
La sentencia de nulidad de Alcázar dicta que “la infracción legal en la medida
en que la formalización de este contrato debe realizarse entre la Administración
contratante y la sociedad de economía mixta, auténtico contratista. Tal vicio de
nulidad es motivo suficiente para anular la adjudicación”.
La Sentencia de Alcázar también resuelve la cuestión de la solvencia técnica,
económica y financiera del licitador, como ocurre en El Puerto, y por cuestionar
de qué manera podrá disponer efectivamente de los medios de las sociedades
adjudicatarias en términos tales que quede acreditada su solvencia técnica, ni
tampoco cabe estimar que goce de solvencia económica y financiera, aspecto no
sustituible por referencias externas, a la vista de tratarse de una sociedad de
responsabilidad limitada que se constituye con el capital mínimo exigible, de
3.000 euros, a pesar de la indudable trascendencia económica de las obligaciones
asumidas por el socio privado conforme al pliego.
Toca recordar que los grupos municipales de la oposición, PSOE/IU/CP,
presentaron ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del
Ayuntamiento de El Puerto un Recurso Especial de Nulidad contra los Pliegos y
demás documentos contractuales que rigen la licitación para la selección de un
socio tecnológico especialista en la gestión del Ciclo Integral del Agua para la
constitución de una Empresa Mixta conjuntamente con el Ayuntamiento de El Puerto
de Santa María, que a través de la ampliación de capital de la actual Aguas del
Puerto Empresa Municipal S.A., se transformará en Sociedad de Economía Mixta
para la gestión de los servicios del ciclo Integral del agua en el término
municipal de El Puerto de Santa María, incluido los acuerdo de la Mesa de
Contratación que provocan la adjudicación del concurso a las Aqualia y Trainasa.
Igual que en Alcázar
Este Recurso Especial de Nulidad fue admitido a trámite el 11 de abril, y los
mismos grupos se han encargado de notificar la sentencia de Alcázar para su
inclusión en ese procedimiento pendiente de ser resuelto, con la confianza de
que sirva para anular el concurso y adjudicación de la venta y privatización de
Apemsa.
Ver resolución del Tribunal
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