Propuesta de nuevo modelo de gestión del servicio de aguas en la
Comunidad de Madrid
1. INTRODUCCIÓN
La propuesta de modelo de gestión del servicio de
abastecimiento y saneamiento para la Comunidad de Madrid que presenta la
Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II es el
resultado de un amplio debate en el que han participado: el movimiento
asociativo, sindicatos, asambleas del 15-M, organizaciones políticas y
los ciudadanos en general, y que ha permitido consensuar un modelo
alternativo al actualmente vigente, para que pueda ser difundido a la
ciudadanía y defendido entre todos ante el Gobierno actual del PP o ante
futuros gobiernos.
En los últimos meses, desde la Plataforma y distintas entidades
ciudadanas, hemos venido denunciando las deficiencias y la opacidad del
actual modelo de gestión, implantado en junio de 2011, consistente en el
mantenimiento del Ente Público Canal de Isabel II, reducido a la mínima
expresión (22 trabajadores), convertido supuestamente en órgano de
control y supervisión y la creación de una sociedad anónima, Canal de
Isabel II Gestión S.A., encargada de la gestión del patrimonio,
infraestructuras y de los servicios de agua potable, saneamiento y
reutilización de las aguas depuradas, destinada a ser privatizada, según
Ignacio González, cuando las circunstancias económicas así lo permitan.
2. LAS DEFICIENCIAS DEL MODELO ACTUAL
Después de 14 meses de funcionamiento, se puede afirmar que este modelo
es infinitamente peor que el anterior, sobre el que teníamos importantes
discrepancias. Es opaco en su funcionamiento, no rinde cuentas ni
informa a los ciudadanos y es ineficiente en sus resultados,
incrementando los costes del agua a través de subidas sucesivas de las
tarifas sin que, en modo alguno, se hayan justificado, y ha supuesto un
deterioro sustancial en las condiciones laborales de los trabajadores.
Es un modelo que supone un avance hacia la privatización del Canal ya
que consolida la gestión mercantil del servicio. Se exponen, a
continuación, de forma esquemática algunas razones que avalan estos
criterios.
-Con el actual modelo de gestión se eliminó la cooperación entre las
distintas administraciones, vaciando las competencias que en materia de
abastecimiento y saneamiento tienen por Ley los Ayuntamientos en
beneficio de la Sociedad Anónima que se crea. A cambio se otorgó hasta
el 20% de las acciones a los Ayuntamientos que firmaran la adhesión a
este modelo, posibilitando que, cuando la sociedad se privatice, puedan
vender hasta el 70% de las acciones otorgadas. Hay que recordar que
sobre este tema existe un recurso en el Tribunal Constitucional.
-Su constitución se realizó de forma opaca sin que se hayan hecho
públicos los documentos básicos que permitirían conocer las
características del modelo de gestión actual (el Contrato Programa entre
el Canal y la nueva sociedad anónima, el inventario de bienes y derechos
que son objeto de aportación a la nueva sociedad, la valoración
económica de la nueva sociedad y el capital social adoptado),
conociéndose su contenido parcialmente, a través de filtraciones de
diversa procedencia.
-Sin embargo, el Contrato Programa recoge importantes competencias del
Ente Público (planificación, seguimiento y control de la Sociedad
Anónima, responsabilidades administrativas –concesiones,
autorizaciones–, acuerdos con otras administraciones y la propuesta de
modificación de las tarifas, entre otras), que en la actualidad no
ejecuta efectivamente al no haber dotado al Ente Público de medios
humanos y materiales para tal fin. Las unidades de planificación y de
gestión administrativa del antiguo Canal, necesarias para desarrollar
dichas competencias, han sido traspasadas por completo a la Sociedad
Anónima. Para realizar sus tareas el Ente Público depende de la
información que le suministre la Sociedad Anónima, lo que es un
contrasentido y significa que el verdadero poder de decisión estará en
la citada sociedad. ¡Imaginad lo que esto supondrá si se privatiza la
sociedad!
-El Ente Público tiene un funcionamiento opaco y se desconocen las
decisiones que toma, si es que ha tomado alguna. Su órgano de gobierno
es monocolor (todos los consejeros son designados por el PP), habiéndose
excluido al resto de partidos que componen el Parlamento Regional, a los
representantes de los trabajadores y a los ciudadanos.
-La Sociedad Anónima, constituye la piedra angular del modelo y hay que
tener en cuenta, como ya se ha dicho anteriormente, que a pesar de ser
actualmente 100% pública, el objetivo del Gobierno regional del PP es su
privatización (venta al sector privado del 49% de las acciones de la
sociedad). Se trata de una de las empresas más importantes de la
Comunidad de Madrid, tanto por sus ingresos y beneficios como por su
actividad estratégica. Su privatización supondría poner en manos
privadas un bien tan importante para los madrileños como es el agua.
-La Sociedad Anónima funciona como una caja negra, como una isla de
impunidad ajena al control parlamentario y a la fiscalización de sus
decisiones. Se desconoce su organización y funcionamiento y amparándose
en su condición de sociedad anónima, ha blindado las decisiones y
deliberaciones de su Consejo de Administración, haciendo que sus
decisiones sean secretas. Sin embargo, allí se toman decisiones
estratégicas como el reparto de los beneficios anuales de la sociedad,
la distribución de dividendos a los accionistas, y las inversiones a
realizar en las empresas del grupo Canal o en sociedades externas.
También decide las remuneraciones de los miembros del Consejo de
Administración.
-El blindaje de cualquier filtración respecto a las decisiones tomadas
por el Consejo de Dirección se ha logrado mediante la designación
discrecional, por el PP, de todos los consejeros, eliminando los
mecanismos de participación y control, tanto institucionales como de los
trabajadores de la Sociedad Anónima. Canal Gestión S.A. se ha convertido
en un coto exclusivo del Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio
González.
-Un ejemplo de la opacidad y arbitrariedad con las que funciona Canal
Gestión S.A. es la adquisición de la concesión del Servicio de Aguas de
Lanzarote (INALSA) en abril de 2013, por la que deberá pagar 106
millones de euros en 5 años. Esta operación, que tiene niveles
importantes de riesgo, se realizó sin consultar al Gobierno de la
Comunidad de Madrid ni al Parlamento Regional, cuyos miembros se
enteraron de esta actuación por la prensa.
-La gestión mercantil se ha impuesto y consolidado, entre otros
aspectos, por la sustancial distribución de dividendos producidos: 167,1
millones de euros en 2012 y 142,5 millones en 2013. De esta forma, la
gestión del nuevo modelo se basa en una supuesta eficiencia económica
cuyo objetivo último es la maximización del beneficio, relegando a un
segundo plano objetivos esenciales de un servicio público como la
calidad, la equidad social, o la responsabilidad hacia los ciudadanos.
-Se está desarrollando un proceso de destecnificación y de degradación
de los recursos humanos de la sociedad anónima, que junto con el
incremento de la subcontratación, incluso para tareas estructurales,
está redundando en la disminución de la calidad del servicio público.
Desde la creación de Canal Gestión se está llevando a cabo una agresiva
política de recortes de derechos y reducción de costes laborales:
disminución de los salarios, reducción de plantillas, incremento del
empleo precario, eliminación del Convenio del Canal, eliminación de los
representantes en el Comité de Dirección, etc.
Todos los nuevos contratos suscritos desde julio
de 2011 son precarios y sus salarios son mileuristas e incluso menores.
La precariedad alcanza ya al 35% de la plantilla de Canal Gestión.
3. NUESTRA PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN
El modelo de gestión que se propone para el Canal de Isabel II debería
tener en cuenta los siguientes criterios:
-Gestión no mercantil del servicio
-Gestión pública 100%
-Asunción del derecho humano al agua y al saneamiento
-Modelo cooperativo entre las distintas administraciones con
competencias en materia de abastecimiento y saneamiento de agua
-Calidad en la prestación del servicio y eficacia social
-Gestión orientada al uso sostenible del agua
-Transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y acceso a
la información
-Personal cualificado y con derechos
-Cooperación pública-pública
Gestión no mercantil del servicio
La gestión del servicio se deberá realizar sin tener en cuenta las
normas y criterios del mercado, primando, por tanto, el acceso al
servicio y las políticas tarifarias de la equidad social –capacidad de
pago– frente al beneficio y la voluntad de pago. Este aspecto va más
allá de la mera la titularidad del servicio, toda vez que, en la
práctica, tanto operadores privados como públicos gestionan
mercantilmente –con ánimo de lucro– los sistemas, mientras que
únicamente los públicos pueden hacerlo de una forma no mercantil.
Este criterio lleva implícito las cuestiones siguientes:
-Debe garantizarse la equidad por lo que, consecuentemente, ningún
colectivo podrá ser excluido del acceso al servicio por motivos sociales
o económicos.
-Cualquier excedente económico se debe reinvertir en el servicio en aras
a mejorarlo técnica, social y medioambientalmente y conseguir su
sostenibilidad en el tiempo.
-La actividad del Canal se debe circunscribir exclusivamente al ciclo
integral del agua; la producción eléctrica en las instalaciones del
Canal deberá explotarse con criterios en los que prime el autoconsumo
del servicio.
-El ámbito geográfico de la actividad del Canal como servicio se debe
limitar al de la Comunidad de Madrid.
-Habría que prescindir de la mayoría de las empresas integrantes del
grupo Canal, especialmente las que gestionan de forma privada servicios
de agua y saneamiento locales en Latinoamérica.
Gestión pública 100%
Dentro de la modalidad de gestión pública, se opta por la constitución
de una entidad pública Empresarial, denominada Canal de Isabel II, que
desarrolle las actividades derivadas de la propia Administración, en
calidad de organización instrumental diferenciada de ésta. Este era el
estatus jurídico del antiguo Canal de Isabel II, que tan buenos frutos
ha dado a lo largo de más de 25 años. Además es un arquetipo adecuado
para establecer un sistema de cooperación entre las distintas
administraciones del que hablaremos a continuación.
Nos manifestamos rotundamente en contra del modelo actual de sociedad
anónima, que sustituye el interés general, representado por la
administración pública, por el interés de los accionistas. Como hemos
visto en el periodo en que lleva funcionando, las cotas de opacidad,
desinformación y falta de rendición de cuentas, han imposibilitado el
control público de la sociedad.
Asunción del derecho humano al agua y al saneamiento
Se deberá asumir el derecho humano al agua que, con generalidad, se
entiende en los términos definidos por las Naciones Unidas que lo
configuran como un derecho de prestación que deberán garantizar
los poderes públicos a través de un servicio público, guiados por los
principios de igualdad, equidad, realización progresiva y no
discriminación.
En este sentido, los principios y criterios normativos que considera
este derecho –disponibilidad de una dotación y de un número de
instalaciones de saneamiento suficientes; calidad adecuada del agua;
aceptabilidad, especialmente en lo que respecta a las instalaciones de
saneamiento; accesibilidad física y temporal, y asequibilidad
económica–, se asimilan a los indicadores que hay que tener en cuenta al
definir los niveles del servicio –o la calidad del mismo–, mientras que
los criterios generales –participación; acceso a la información;
transparencia; rendición de cuentas y sostenibilidad–, están
relacionados con la gestión del propio servicio.
Hay que tener en cuenta que la asunción del derecho humano al agua no
deslinda la gestión pública de la privada, ni siquiera excluye la
gestión mercantil, tal como lo reconoce explícitamente la relatora
especial de este derecho, pero sí configura unos criterios en la forma
en que se debe gestionar el servicio y que deben ser abordados de
acuerdo con principios de igualdad, equidad, realización progresiva y no
discriminación.
En relación con esto último, se debería asumir tajantemente la garantía
de suministro de una dotación mínima –cuyo valor debería determinarse
justificadamente para el caso de la Comunidad de Madrid–, y, en
consecuencia el compromiso de no cortar el suministro en casos de impago
justificados social y económicamente.
Modelo cooperativo entre las distintas administraciones con
competencias en materia de abastecimiento y saneamiento de agua
El modelo de gestión que proponemos es el cooperativo, dado el régimen
de concurrencia de competencias entre las distintas administraciones
(Estado, Comunidad Autónoma y Ayuntamientos) para la operación de
servicios complejos como son los asociados con el ciclo integral del
agua. La actuación del Canal debería complementar las actuaciones de los
ayuntamientos, titulares de la competencia para el suministro de agua
potable, el alcantarillado y la depuración de las aguas residuales. Los
ayuntamientos deben tener un mayor poder en la toma de decisiones del
Canal, y la colaboración del Canal con los Ayuntamientos debería tener
la consideración de encomiendas de gestión, en la que el titular de la
competencia encarga a la entidad pública Canal de Isabel II, la gestión
de los servicios, manteniendo su titularidad. En este sentido, se
propone un modelo similar al anterior pero incrementando la presencia y
el poder institucional de los ayuntamientos en los órganos de dirección
del Canal. Otra consecuencia del modelo cooperativo es que en caso de
existir excedentes económicos en las cuentas anuales del Canal, una
parte de ellos debería destinarse a la amortización de las deudas de los
ayuntamientos generadas por la realización de obras y servicios
destinados a mejorar o ampliar los sistemas de abastecimiento y
saneamiento en sus términos municipales.
Calidad en la prestación del servicio y eficacia social
El principio de defensa de calidad del servicio de aguas debe
acompañarse del establecimiento de unos indicadores de gestión y calidad
(técnicos, financieros, sociales, medioambientales y patrimoniales)
relacionados con el conjunto de actividades de la entidad, que permitan
seguir su efectiva realización y valorar el servicio en términos de
gestión de las inversiones, de personal, de la protección de los
ecosistemas acuáticos, de reducción de la demanda, del programa de
investigación y de otras consideraciones. Estos indicadores deben ser
públicos y aprobados por las instituciones regionales, y en su
definición deberán participar los ayuntamientos y los ciudadanos a
través de los instrumentos de participación, que posteriormente se
concretan.
Otro aspecto importante para garantizar la calidad del servicio es la
necesidad de asegurar las inversiones necesarias para mantener en
perfecto funcionamiento y ampliar los sistemas de aducción,
abastecimiento, saneamiento y depuración.
Se potenciarán los servicios relacionados con la planificación y
predicción de los recursos hídricos y de la gestión medioambiental,
estableciéndose como línea estratégica la reducción del volumen de agua
de abastecimiento, a través de políticas rigurosas de eliminación de
pérdidas en la red y de campañas de gestión de la demanda. Con esta
estrategia se mejorará la sostenibilidad de los recursos y se evitará la
necesidad de ampliar las infraestructuras de almacenamiento y
distribución.
Otra línea estratégica que enlaza con la sociedad del conocimiento, es
que el Canal debe ser un motor de la investigación en el campo del agua
y a tal fin debería presentar un Plan bianual de I+D+i que debería ser
debatido en el Parlamento Regional y por los ciudadanos. La financiación
de las actividades contempladas en este Plan serán asumida por el propio
Canal y en su realización se contará con el concurso con Universidades y
centros de investigación públicos.
Gestión orientada al uso sostenible del agua
La gestión que el Canal hace del ciclo integral del agua en la Comunidad
de Madrid tiene un impacto determinante en los ecosistemas acuáticos y
en sus paisajes asociados (bosques de ribera, sotos, humedales, etc); es
por esto que los aspectos medioambientales merecen una especial mención.
La gestión del servicio debe estar orientada al cumplimiento de los
objetivos de la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE), cuyo
fin último es alcanzar la buena salud de todas las aguas (buen estado
ecológico y químico de las aguas superficiales y cuantitativo y químico
de las subterráneas). En este contexto, se deberán establecer relaciones
francas de cooperación con la Confederación Hidrográfica del Tajo en lo
que atañe a la gestión de los recursos hídricos y la protección del buen
estado de los ecosistemas acuáticos. Son particularmente importantes
aspectos como el establecimiento de regímenes de caudales ecológicos
apropiados en colaboración con los servicios técnicos de la
Confederación Hidrográfica del Tajo, la gestión de los embalses de
manera que se respeten estos regímenes de caudales, la depuración de
aguas residuales y la protección de sotos y riberas.
Transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y acceso
a la información
Apostamos por un modelo de gestión transparente y participativa y en el
que el Ente Público rinda cuenta de sus actividades y decisiones, tanto
a los poderes públicos, como a los ciudadanos. Esta fórmula es la única
que puede garantizar que el Ente no se desvíe de sus fines y objetivos y
evitar corruptelas o conductas que pongan en peligro la viabilidad del
servicio. Este modelo debe regir en el Consejo de Dirección del Ente,
que en su composición debe reflejar la pluralidad política en las
instituciones y la participación ciudadana. Se exponen a continuación
algunas ideas que reforzarían este tipo de modelo:
-Constitución en el Parlamento Regional de una Comisión de seguimiento
del Canal de Isabel II, en la que participen todos los grupos de la
cámara y en la que el partido que gobierne no tenga la mayoría absoluta.
La Comisión tendría capacidad para pedir todo tipo de información de la
entidad y obligar a comparecer ante ella al Presidente o Gerente del
Ente Público. Cada 6 meses el Presidente del Canal debería rendir
cuentas ante dicha Comisión, presentado un informe, que tendrá carácter
público, sobre la situación del organismo y la gestión desarrollada
durante el semestre, en base a los resultados de los indicadores de
calidad anteriormente mencionados. Esta Comisión debería realizar un
informe anual sobre la gestión del Canal para ser debatido en el Pleno
del Parlamento Regional.
-Potenciación de los mecanismos de información hacia el ciudadano,
creando una WEB de calidad que disponga de una información completa del
Canal y estableciendo canales efectivos para que los ciudadanos, tanto a
nivel individual como colectivo, puedan obtener toda la información de
las actividades del Canal que requieran de forma fácilmente accesible,
actualizada regularmente, detallada y trazable y adaptada a los
distintos usuarios. Además, la información deberá ser accesible de forma
completa y adecuada a los objetivos de la planificación, gestión y
participación.
-La transparencia y la participación se apoyará en el conocimiento de
información relativa a los aspectos organizativos e institucionales, la
gestión de los recursos hídricos, infraestructuras y demandas del agua,
planificación, gestión económico financiera y sobre los contratos y
licitaciones.
-En el Consejo de Dirección del Canal estarán presentes el Gobierno
Regional así como representantes de todos los grupos políticos presentes
en el Parlamento Regional, de los ayuntamientos, de la Administración
General del Estado, de los trabajadores y de las organizaciones
sociales. Al determinar la distribución sectorial del Consejo, los
representantes del Gobierno regional no podrán alcanzar, en ningún caso,
la mayoría.
-El Director del Canal será elegido por el Consejo de Dirección, que
tendrá poder de revocación del citado cargo.
-Todos los acuerdos y resoluciones que adopten los órganos de Dirección
del Canal serán públicos, debiendo estar recogidos en su totalidad en la
página WEB del organismo.
-El modelo de participación ciudadana que proponemos se recoge en el
apartado 4 de este documento.
Personal cualificado y con derechos
Un servicio público de alta calidad precisa de una plantilla de personal
suficiente y cualificada, con bajo índice de precariedad, con derechos y
condiciones de trabajo justas y equitativas para todo el personal.
También necesita de la participación de los trabajadores en la gestión
cotidiana del servicio. Esto implica:
-Adecuar los recursos humanos del Canal a las actividades reales del
mismo. Los puestos estructurales tendrán carácter de fijos, limitándose
los puestos eventuales a los estrictamente necesarios.
-Retorno a la plantilla del Canal de las actividades que se consideren
relevantes en la gestión del servicio de aguas.
-Potenciación de la formación y capacitación del personal del Canal.
-Establecimiento de un Convenio colectivo propio del Canal para todos
sus trabajadores, que garantice los derechos laborales, sociales,
salariales y profesionales de los mismos y garantice la adecuación de
las condiciones de trabajo a las peculiaridades del organismo.
-Garantízar la existencia de mecanismos para que los trabajadores
participen efectivamente en el funcionamiento, la administración y en la
formulación de las políticas del servicio. En este sentido, se propone
la participación de los trabajadores en el Consejo de Administración,
como era el caso del anterior modelo.
-Coherente con lo anterior, el acceso a la información por parte de los
trabajadores deberá estar garantizado y normado, siendo esta una
condición indispensable para que la participación sea realmente eficaz,
en el marco de una gestión democrática.
Cooperación público-público
Queremos que el Canal se abra a la cooperación con los operadores
públicos y que mantenga una posición activa en la Red de operadores
públicos Aqua Pública Europea, en la defensa de una gestión del agua
basada en los valores del servicio público.
El Canal debe librarse de los activos de las empresas privadas que
lidera en Latinoamérica, en el ámbito de la gestión del agua, donde ha
actuado como una multinacional depredadora y estructurarse para poner a
disposición de los operadores públicos y las autoridades locales de los
países en desarrollo, su personal, capacidades y conocimientos, en el
marco de la cooperación público-público.
4. NUESTRA PROPUESTA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
La participación social y el control ciudadano se llevaría a cabo
mediante dos formas: a) a través del Observatorio del Agua y b) mediante
la participación en el Consejo de Administración del Canal de Isabel II.
La instancia de participación denominada Observatorio del Agua, se basa
en la experiencia que, sobre este tema, se tiene en Aguas de París y
que, básicamente, se trata de un organismo integrado en el propio Canal,
siendo, por lo tanto, financiado por el mismo, quedando así asegurados
los medios humanos y materiales necesarios para que pueda cumplir las
funciones que se concretan a continuación.
Composición
Se constituiría como una asamblea formada por la sociedad civil, que
agruparía a las organizaciones sociales, asociaciones de vecinos,
asociaciones de usuarios, asambleas del 15-M, ONGs, instituciones
académicas, personas involucradas en las instituciones, expertos y
ciudadanos preocupados por los problemas del agua, cuyo objetivo sería
controlar y evaluar la gestión del servicio público del agua.
El Observatorio del Agua se regiría por un reglamento aprobado por la
totalidad de sus componentes en una asamblea general. Se podría
organizar de la siguiente forma: una asamblea general anual, una
comisión coordinadora elegida por la asamblea y un grupo de trabajo
reducido que garantice el día a día del Observatorio.
El reglamento establecerá la forma de organización del Observatorio, las
comisiones existentes en su caso, el sistema de elección de los
representantes sociales en el Consejo de Dirección, las condiciones
exigibles a los representantes, la duración de los cargos, las
responsabilidades, así como los aspectos relativos a la toma de
decisiones.
Deberían establecerse reuniones plenarias, cuya periodicidad estaría a
determinar.
Funciones
Entre sus funciones destacarían: debatir los problemas del agua,
informar a los ciudadanos, debatir y concertar con la dirección del
Canal sobre problemas relativos al servicio público del agua, evaluar la
calidad del servicio, transmitir las quejas de los usuarios y proponer
líneas de reflexión sobre los problemas del agua.
Su papel sería consultivo, pero tendría capacidad para debatir,
recomendar y opinar sobre la gestión del Canal de Isabel II, que estaría
obligado a informar sobre los temas planteados por el Observatorio. En
caso de conflicto podrá acudir a plantear los problemas a la Comisión de
seguimiento del Canal en el Parlamento Regional.
Por último, una de sus funciones más importantes sería la de elegir a
tres representantes en el Consejo de Dirección del Ente Público, con
todo lo que ello conlleva de acceso a la información y rendición de
cuentas.
5. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO
El modelo de gestión deberá ser aprobado en Referéndum previamente a su
implantación; consecuentemente, cualquier modificación del mismo deberá
hacerse por un procedimiento equivalente.
Madrid, enero de 2014
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