.

 

 

Propuesta de nuevo modelo de gestión del servicio de aguas en la Comunidad de Madrid

 

1. INTRODUCCIÓN


La propuesta de modelo de gestión del servicio de abastecimiento y saneamiento para la Comunidad de Madrid que presenta la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II es el resultado de un amplio debate en el que han participado: el movimiento asociativo, sindicatos, asambleas del 15-M, organizaciones políticas y los ciudadanos en general, y que ha permitido consensuar un modelo alternativo al actualmente vigente, para que pueda ser difundido a la ciudadanía y defendido entre todos ante el Gobierno actual del PP o ante futuros gobiernos.


En los últimos meses, desde la Plataforma y distintas entidades ciudadanas, hemos venido denunciando las deficiencias y la opacidad del actual modelo de gestión, implantado en junio de 2011, consistente en el mantenimiento del Ente Público Canal de Isabel II, reducido a la mínima expresión (22 trabajadores), convertido supuestamente en órgano de control y supervisión y la creación de una sociedad anónima, Canal de Isabel II Gestión S.A., encargada de la gestión del patrimonio, infraestructuras y de los servicios de agua potable, saneamiento y reutilización de las aguas depuradas, destinada a ser privatizada, según Ignacio González, cuando las circunstancias económicas así lo permitan.


2. LAS DEFICIENCIAS DEL MODELO ACTUAL


Después de 14 meses de funcionamiento, se puede afirmar que este modelo es infinitamente peor que el anterior, sobre el que teníamos importantes discrepancias. Es opaco en su funcionamiento, no rinde cuentas ni informa a los ciudadanos y es ineficiente en sus resultados, incrementando los costes del agua a través de subidas sucesivas de las tarifas sin que, en modo alguno, se hayan justificado, y ha supuesto un deterioro sustancial en las condiciones laborales de los trabajadores. Es un modelo que supone un avance hacia la privatización del Canal ya que consolida la gestión mercantil del servicio. Se exponen, a continuación, de forma esquemática algunas razones que avalan estos criterios.


-Con el actual modelo de gestión se eliminó la cooperación entre las distintas administraciones, vaciando las competencias que en materia de abastecimiento y saneamiento tienen por Ley los Ayuntamientos en beneficio de la Sociedad Anónima que se crea. A cambio se otorgó hasta el 20% de las acciones a los Ayuntamientos que firmaran la adhesión a este modelo, posibilitando que, cuando la sociedad se privatice, puedan vender hasta el 70% de las acciones otorgadas. Hay que recordar que sobre este tema existe un recurso en el Tribunal Constitucional.


-Su constitución se realizó de forma opaca sin que se hayan hecho públicos los documentos básicos que permitirían conocer las características del modelo de gestión actual (el Contrato Programa entre el Canal y la nueva sociedad anónima, el inventario de bienes y derechos que son objeto de aportación a la nueva sociedad, la valoración económica de la nueva sociedad y el capital social adoptado), conociéndose su contenido parcialmente, a través de filtraciones de diversa procedencia.


-Sin embargo, el Contrato Programa recoge importantes competencias del Ente Público (planificación, seguimiento y control de la Sociedad Anónima, responsabilidades administrativas –concesiones, autorizaciones–, acuerdos con otras administraciones y la propuesta de modificación de las tarifas, entre otras), que en la actualidad no ejecuta efectivamente al no haber dotado al Ente Público de medios humanos y materiales para tal fin. Las unidades de planificación y de gestión administrativa del antiguo Canal, necesarias para desarrollar dichas competencias, han sido traspasadas por completo a la Sociedad Anónima. Para realizar sus tareas el Ente Público depende de la información que le suministre la Sociedad Anónima, lo que es un contrasentido y significa que el verdadero poder de decisión estará en la citada sociedad. ¡Imaginad lo que esto supondrá si se privatiza la sociedad!


-El Ente Público tiene un funcionamiento opaco y se desconocen las decisiones que toma, si es que ha tomado alguna. Su órgano de gobierno es monocolor (todos los consejeros son designados por el PP), habiéndose excluido al resto de partidos que componen el Parlamento Regional, a los representantes de los trabajadores y a los ciudadanos.


-La Sociedad Anónima, constituye la piedra angular del modelo y hay que tener en cuenta, como ya se ha dicho anteriormente, que a pesar de ser actualmente 100% pública, el objetivo del Gobierno regional del PP es su privatización (venta al sector privado del 49% de las acciones de la sociedad). Se trata de una de las empresas más importantes de la Comunidad de Madrid, tanto por sus ingresos y beneficios como por su actividad estratégica. Su privatización supondría poner en manos privadas un bien tan importante para los madrileños como es el agua.


-La Sociedad Anónima funciona como una caja negra, como una isla de impunidad ajena al control parlamentario y a la fiscalización de sus decisiones. Se desconoce su organización y funcionamiento y amparándose en su condición de sociedad anónima, ha blindado las decisiones y deliberaciones de su Consejo de Administración, haciendo que sus decisiones sean secretas. Sin embargo, allí se toman decisiones estratégicas como el reparto de los beneficios anuales de la sociedad, la distribución de dividendos a los accionistas, y las inversiones a realizar en las empresas del grupo Canal o en sociedades externas. También decide las remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración.


-El blindaje de cualquier filtración respecto a las decisiones tomadas por el Consejo de Dirección se ha logrado mediante la designación discrecional, por el PP, de todos los consejeros, eliminando los mecanismos de participación y control, tanto institucionales como de los trabajadores de la Sociedad Anónima. Canal Gestión S.A. se ha convertido en un coto exclusivo del Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.


-Un ejemplo de la opacidad y arbitrariedad con las que funciona Canal Gestión S.A. es la adquisición de la concesión del Servicio de Aguas de Lanzarote (INALSA) en abril de 2013, por la que deberá pagar 106 millones de euros en 5 años. Esta operación, que tiene niveles importantes de riesgo, se realizó sin consultar al Gobierno de la Comunidad de Madrid ni al Parlamento Regional, cuyos miembros se enteraron de esta actuación por la prensa.


-La gestión mercantil se ha impuesto y consolidado, entre otros aspectos, por la sustancial distribución de dividendos producidos: 167,1 millones de euros en 2012 y 142,5 millones en 2013. De esta forma, la gestión del nuevo modelo se basa en una supuesta eficiencia económica cuyo objetivo último es la maximización del beneficio, relegando a un segundo plano objetivos esenciales de un servicio público como la calidad, la equidad social, o la responsabilidad hacia los ciudadanos.


-Se está desarrollando un proceso de destecnificación y de degradación de los recursos humanos de la sociedad anónima, que junto con el incremento de la subcontratación, incluso para tareas estructurales, está redundando en la disminución de la calidad del servicio público. Desde la creación de Canal Gestión se está llevando a cabo una agresiva política de recortes de derechos y reducción de costes laborales: disminución de los salarios, reducción de plantillas, incremento del empleo precario, eliminación del Convenio del Canal, eliminación de los representantes en el Comité de Dirección, etc.

 

Todos los nuevos contratos suscritos desde julio de 2011 son precarios y sus salarios son mileuristas e incluso menores. La precariedad alcanza ya al 35% de la plantilla de Canal Gestión.


3. NUESTRA PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN


El modelo de gestión que se propone para el Canal de Isabel II debería tener en cuenta los siguientes criterios:


-Gestión no mercantil del servicio
-Gestión pública 100%
-Asunción del derecho humano al agua y al saneamiento
-Modelo cooperativo entre las distintas administraciones con competencias en materia de abastecimiento y saneamiento de agua
-Calidad en la prestación del servicio y eficacia social
-Gestión orientada al uso sostenible del agua
-Transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y acceso a la información
-Personal cualificado y con derechos
-Cooperación pública-pública
 

Gestión no mercantil del servicio


La gestión del servicio se deberá realizar sin tener en cuenta las normas y criterios del mercado,  primando, por tanto, el acceso al servicio y las políticas tarifarias de la equidad social –capacidad de pago– frente al beneficio y la voluntad de pago. Este aspecto va más allá de la mera la titularidad del servicio, toda vez que, en la práctica, tanto operadores privados como públicos gestionan mercantilmente –con ánimo de lucro– los sistemas, mientras que únicamente los públicos pueden hacerlo de una forma no mercantil.


Este criterio lleva implícito las cuestiones siguientes:


-Debe garantizarse la equidad por lo que, consecuentemente, ningún colectivo podrá ser excluido del acceso al servicio por motivos sociales o económicos.
-Cualquier excedente económico se debe reinvertir en el servicio en aras a mejorarlo técnica, social y medioambientalmente y conseguir su sostenibilidad en el tiempo.
-La actividad del Canal se debe circunscribir exclusivamente al ciclo integral del agua; la producción eléctrica en las instalaciones del Canal deberá explotarse con criterios en los que prime el autoconsumo del servicio.
-El ámbito geográfico de la actividad del Canal como servicio se debe limitar al de la Comunidad de Madrid.
-Habría que prescindir de la mayoría de las empresas integrantes del grupo Canal, especialmente las que gestionan de forma privada servicios de agua y saneamiento locales en Latinoamérica.


Gestión pública 100%


Dentro de la modalidad de gestión pública, se opta por la constitución de una entidad pública Empresarial, denominada Canal de Isabel II, que desarrolle las actividades derivadas de la propia Administración, en calidad de organización instrumental diferenciada de ésta. Este era el estatus jurídico del antiguo Canal de Isabel II, que tan buenos frutos ha dado a lo largo de más de 25 años. Además es un arquetipo adecuado para establecer un sistema de cooperación entre las distintas administraciones del que hablaremos a continuación.


Nos manifestamos rotundamente en contra del modelo actual de sociedad anónima, que sustituye el interés general, representado por la administración pública, por el interés de los accionistas. Como hemos visto en el periodo en que lleva funcionando, las cotas de opacidad, desinformación y falta de rendición de cuentas, han imposibilitado el control público de la sociedad.


Asunción del derecho humano al agua y al saneamiento


Se deberá asumir el derecho humano al agua que, con generalidad, se  entiende en los términos definidos por las Naciones Unidas que lo configuran como un derecho de prestación que deberán garantizar los poderes públicos a través de un servicio público, guiados por los principios de igualdad, equidad, realización progresiva y no discriminación.


En este sentido, los principios y criterios normativos que considera este derecho –disponibilidad de una dotación y de un número de instalaciones de saneamiento suficientes; calidad adecuada del agua; aceptabilidad, especialmente en lo que respecta a las instalaciones de saneamiento; accesibilidad física y temporal, y asequibilidad económica–, se asimilan a los indicadores que hay que tener en cuenta al definir los niveles del servicio –o la calidad del mismo–, mientras que los criterios generales –participación; acceso a la información; transparencia; rendición de cuentas y sostenibilidad–, están relacionados con la gestión del propio servicio.


Hay que tener en cuenta que la asunción del derecho humano al agua no deslinda la gestión pública de la privada, ni siquiera excluye la gestión mercantil, tal como lo reconoce explícitamente la relatora especial de este derecho, pero sí configura unos criterios en la forma en que se debe gestionar el servicio y que deben ser abordados de acuerdo con principios de igualdad, equidad, realización progresiva y no discriminación.


En relación con esto último, se debería asumir tajantemente la garantía de suministro de una dotación mínima –cuyo valor debería determinarse justificadamente para el caso de la Comunidad de Madrid–, y, en consecuencia el compromiso de no cortar el suministro en casos de impago justificados social y económicamente.


Modelo cooperativo entre las distintas administraciones con competencias en materia de abastecimiento y saneamiento de agua


El modelo de gestión que proponemos es el cooperativo, dado el régimen de concurrencia de competencias entre las distintas administraciones (Estado, Comunidad Autónoma y Ayuntamientos) para la operación de servicios complejos como son los asociados con el ciclo integral del agua. La actuación del Canal debería complementar las actuaciones de los ayuntamientos, titulares de la competencia para el suministro de agua potable, el alcantarillado y la depuración de las aguas residuales. Los ayuntamientos deben tener un mayor poder en la toma de decisiones del Canal, y la colaboración del Canal con los Ayuntamientos debería tener la consideración de encomiendas de gestión, en la que el titular de la competencia encarga a la entidad pública Canal de Isabel II, la gestión de los servicios, manteniendo su titularidad. En este sentido, se propone un modelo similar al anterior pero incrementando la presencia y el poder institucional de los ayuntamientos en los órganos de dirección del Canal. Otra consecuencia del modelo cooperativo es que en caso de existir excedentes económicos en las cuentas anuales del Canal, una parte de ellos debería destinarse a la amortización de las deudas de los ayuntamientos generadas por la realización de obras y servicios destinados a mejorar o ampliar los sistemas de abastecimiento y saneamiento en sus términos municipales.


Calidad en la prestación del servicio y eficacia social


El principio de defensa de calidad del servicio de aguas debe acompañarse del establecimiento de unos indicadores de gestión y calidad (técnicos, financieros, sociales, medioambientales y patrimoniales) relacionados con el conjunto de actividades de la entidad, que permitan seguir su efectiva realización y valorar el servicio en términos de gestión de las inversiones, de personal, de la protección de los ecosistemas acuáticos, de reducción de la demanda, del programa de investigación y de otras consideraciones. Estos indicadores deben ser públicos y aprobados por las instituciones regionales, y en su definición deberán participar los ayuntamientos y los ciudadanos a través de los instrumentos de participación, que posteriormente se concretan.


Otro aspecto importante para garantizar la calidad del servicio es la necesidad de asegurar las inversiones necesarias para mantener en perfecto funcionamiento y ampliar los sistemas de aducción, abastecimiento, saneamiento y depuración.


Se potenciarán los servicios relacionados con la planificación y predicción de los recursos hídricos y de la gestión medioambiental, estableciéndose como línea estratégica la reducción del volumen de agua de abastecimiento, a través de políticas rigurosas de eliminación de pérdidas en la red y de campañas de gestión de la demanda. Con esta estrategia se mejorará la sostenibilidad de los recursos y se evitará la necesidad de ampliar las infraestructuras de almacenamiento y distribución.


Otra línea estratégica que enlaza con la sociedad del conocimiento, es que el Canal debe ser un motor de la investigación en el campo del agua y a tal fin debería presentar un Plan bianual de I+D+i que debería ser debatido en el Parlamento Regional y por los ciudadanos. La financiación de las actividades contempladas en este Plan serán asumida por el propio Canal y en su realización se contará con el concurso con Universidades y centros de investigación públicos.


Gestión orientada al uso sostenible del agua


La gestión que el Canal hace del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid tiene un impacto determinante en los ecosistemas acuáticos y en sus paisajes asociados (bosques de ribera, sotos, humedales, etc); es por esto que los aspectos medioambientales merecen una especial mención.


La gestión del servicio debe estar orientada al cumplimiento de los objetivos de la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE), cuyo fin último es alcanzar la buena salud de todas las aguas (buen estado ecológico y químico de las aguas superficiales y cuantitativo y químico de las subterráneas). En este contexto, se deberán establecer relaciones francas de cooperación con la Confederación Hidrográfica del Tajo en lo que atañe a la gestión de los recursos hídricos y la protección del buen estado de los ecosistemas acuáticos. Son particularmente importantes aspectos como el establecimiento de regímenes de caudales ecológicos apropiados en colaboración con los servicios técnicos de la Confederación Hidrográfica del Tajo, la gestión de los embalses de manera que se respeten estos regímenes de caudales, la depuración de aguas residuales y la protección de sotos y riberas.


Transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y acceso a la información


Apostamos por un modelo de gestión transparente y participativa y en el que el Ente Público rinda cuenta de sus actividades y decisiones, tanto a los poderes públicos, como a los ciudadanos. Esta fórmula es la única que puede garantizar que el Ente no se desvíe de sus fines y objetivos y evitar corruptelas o conductas que pongan en peligro la viabilidad del servicio. Este modelo debe regir en el Consejo de Dirección del Ente, que en su composición debe reflejar la pluralidad política en las instituciones y la participación ciudadana. Se exponen a continuación algunas ideas que reforzarían este tipo de modelo:


-Constitución en el Parlamento Regional de una Comisión de seguimiento del Canal de Isabel II, en la que participen todos los grupos de la cámara y en la que el partido que gobierne no tenga la mayoría absoluta. La Comisión tendría capacidad para pedir todo tipo de información de la entidad y obligar a comparecer ante ella al Presidente o Gerente del Ente Público. Cada 6 meses el Presidente del Canal debería rendir cuentas ante dicha Comisión, presentado un informe, que tendrá carácter público, sobre la situación del organismo y la gestión desarrollada durante el semestre, en base a los resultados de los indicadores de calidad anteriormente mencionados. Esta Comisión debería realizar un informe anual sobre la gestión del Canal para ser debatido en el Pleno del Parlamento Regional.


-Potenciación de los mecanismos de información hacia el ciudadano, creando una WEB de calidad que disponga de una información completa del Canal y estableciendo canales efectivos para que los ciudadanos, tanto a nivel individual como colectivo, puedan obtener toda la información de las actividades del Canal que requieran de forma fácilmente accesible, actualizada regularmente, detallada y trazable y adaptada a los distintos usuarios. Además, la información deberá ser accesible de forma completa y adecuada a los objetivos de la planificación, gestión y participación.


-La transparencia y la participación se apoyará en el conocimiento de información relativa a los aspectos organizativos e institucionales, la gestión de los recursos hídricos, infraestructuras y demandas del agua, planificación, gestión económico financiera y sobre los contratos y licitaciones.


-En el Consejo de Dirección del Canal estarán presentes el Gobierno Regional así como representantes de todos los grupos políticos presentes en el Parlamento Regional, de los ayuntamientos, de la Administración General del Estado, de los trabajadores y de las organizaciones sociales. Al determinar la distribución sectorial del Consejo, los representantes del Gobierno regional no podrán alcanzar, en ningún caso, la mayoría.


-El Director del Canal será elegido por el Consejo de Dirección, que tendrá poder de revocación del citado cargo.


-Todos los acuerdos y resoluciones que adopten los órganos de Dirección del Canal serán públicos, debiendo estar recogidos en su totalidad en la página WEB del organismo.


-El modelo de participación ciudadana que proponemos se recoge en el apartado 4 de este documento.


Personal cualificado y con derechos


Un servicio público de alta calidad precisa de una plantilla de personal suficiente y cualificada, con bajo índice de precariedad, con derechos y condiciones de trabajo justas y equitativas para todo el personal. También necesita de la participación de los trabajadores en la gestión cotidiana del servicio. Esto implica:


-Adecuar los recursos humanos del Canal a las actividades reales del mismo. Los puestos estructurales tendrán carácter de fijos, limitándose los puestos eventuales a los estrictamente necesarios.


-Retorno a la plantilla del Canal de las actividades que se consideren relevantes en la gestión del servicio de aguas.


-Potenciación de la formación y capacitación del personal del Canal.


-Establecimiento de un Convenio colectivo propio del Canal para todos sus trabajadores, que garantice los derechos laborales, sociales, salariales y profesionales de los mismos y garantice la adecuación de las condiciones de trabajo a las peculiaridades del organismo.


-Garantízar  la existencia de mecanismos para que los trabajadores participen efectivamente en el funcionamiento, la administración y en la formulación de las políticas del servicio. En este sentido, se propone la participación de los trabajadores en el Consejo de Administración, como era el caso del anterior modelo.


-Coherente con lo anterior, el acceso a la información por parte de los trabajadores deberá estar garantizado y normado, siendo esta una condición indispensable para que la participación sea realmente eficaz, en el marco de una gestión democrática.


Cooperación público-público


Queremos que el Canal se abra a la cooperación con los operadores públicos y que mantenga una posición activa en la Red de operadores públicos Aqua Pública Europea, en la defensa de una gestión del agua basada en los valores del servicio público.


El Canal debe librarse de los activos de las empresas privadas que lidera en Latinoamérica, en el ámbito de la gestión del agua, donde ha actuado como una multinacional depredadora y estructurarse para poner a disposición de los operadores públicos y las autoridades locales de los países en desarrollo, su personal, capacidades y conocimientos, en el marco de la cooperación público-público.


4. NUESTRA PROPUESTA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL


La participación social y el control ciudadano se llevaría a cabo mediante dos formas: a) a través del Observatorio del Agua y b) mediante la participación en el Consejo de Administración del Canal de Isabel II.


La instancia de participación denominada Observatorio del Agua, se basa en la experiencia que, sobre este tema, se tiene en Aguas de París y que, básicamente, se trata de un organismo integrado en el propio Canal, siendo, por lo tanto, financiado por el mismo, quedando así asegurados los medios humanos y materiales necesarios para que pueda cumplir las funciones que se concretan a continuación.


Composición


Se constituiría como una asamblea formada por la sociedad civil, que agruparía a las organizaciones sociales, asociaciones de vecinos, asociaciones de usuarios, asambleas del 15-M, ONGs, instituciones académicas, personas involucradas en las instituciones, expertos y ciudadanos preocupados por los problemas del agua, cuyo objetivo sería controlar y evaluar la gestión del servicio público del agua.


El Observatorio del Agua se regiría por un reglamento aprobado por la totalidad de sus componentes en una asamblea general. Se podría organizar de la siguiente forma: una asamblea general anual, una comisión coordinadora elegida por la asamblea y un grupo de trabajo reducido que garantice el día a día del Observatorio.


El reglamento establecerá la forma de organización del Observatorio, las comisiones existentes en su caso, el sistema de elección de los representantes sociales en el Consejo de Dirección, las condiciones exigibles a los representantes, la duración de los cargos, las responsabilidades, así como los aspectos relativos a la toma de decisiones.


Deberían establecerse reuniones plenarias, cuya periodicidad estaría a determinar.


Funciones


Entre sus funciones destacarían: debatir los problemas del agua, informar a los ciudadanos, debatir y concertar con la dirección del Canal sobre problemas relativos al servicio público del agua, evaluar la calidad del servicio, transmitir las quejas de los usuarios y proponer líneas de reflexión sobre los problemas del agua.


Su papel sería consultivo, pero tendría capacidad para debatir, recomendar y opinar sobre la gestión del Canal de Isabel II, que estaría obligado a informar sobre los temas planteados por el Observatorio. En caso de conflicto podrá acudir a plantear los problemas a la Comisión de seguimiento del Canal en el Parlamento Regional.


Por último, una de sus funciones más importantes sería la de elegir a tres representantes en el Consejo de Dirección del Ente Público, con todo lo que ello conlleva de acceso a la información y rendición de cuentas.


5. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO


El modelo de gestión deberá ser aprobado en Referéndum previamente a su implantación; consecuentemente, cualquier modificación del mismo deberá hacerse por un procedimiento equivalente.

 


Madrid, enero de 2014
___________________________

 

 

 

 

 

 

EVENTOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Envíanos un mensaje a aguapublicamadrid@gmail.com con preguntas o comentarios sobre este sitio Web.
Copyright © 2010 Plataforma contra la privatización del CYII
Última modificación: 08 de noviembre de 2021