La crisis económica de España ha creado un clima propicio para a saltarse la Ley a la torera. El mercado de las concesiones del agua está luchando para escapar del contagio.

El mercado de concesiones del agua municipal no ha salido inmune de la erupción de escándalos que arrasan a España en los últimos meses y que implican supuestos pagos de sobornos a notorios representantes de la casta política con fondos cenagosos, entre ellos varios ministros del Gobierno, por trato preferencial o de favor en la adjudicación de contratos públicos. 

Desde el pasado mes de febrero, José Luis Mínguez, director de concesiones de Aquagest (Agbar) en Santiago de Compostela en la región de Galicia, noroeste de España, se encuentra en prisión preventiva por orden de la magistrada Pilar de Lara, que está investigando supuestos pagos y regalos a funcionarios municipales para asegurarse la renovación del contrato de Aquagest. Entre los acusados se encuentran el exalcalde de Santiago, Gerardo Conde Roa. Una fuente de Agbar ha informado a GWI que Mínguez ha sido despedido, pero Agbar insiste en que él actuaba por su propia cuenta y beneficio, en lugar de atenerse a la política de la empresa. Sin embargo, como parte de la misma investigación, de Lara está investigando el supuesto papel que desempeñaba Joaquín Fernández, alto cargo político del Partido Popular en la vecina Asturias, en la concesión de contratos a Aquagest en las localidades de Cangas de Narcea y Llanes. 

En el otro extremo de la península, el mayor competidor de Agbar en el mercado de concesiones municipales, Aqualia, es foco de controversia en relación con varios contratos que ha ganado recientemente en la provincia de Huelva, Andalucía. El periódico El País dice que posee evidencias documentales de que el consejero del PP José Carlos Hernández había sido empleado tanto por Aqualia como por las municipalidades que posteriormente concedieron contratos de servicio a la subsidiaria de FCC. Según un informe legal escrito por el profesor de derecho Javier Barnes de la Universidad de Huelva, en dos de esas municipalidades, Valverde del Camino y San Juan del Puerto, a Aqualia se le otorgaron concesiones sin cumplir el trámite de una licitación pública. 

El secretario del Partido Socialista de Huelva, Jesús Ferrara, ha pedido al PP que explique si Hernández “actuaba para enriquecerse el mismo o para darle el dinero al Partido, así como que aclare su relación con la compañía Aqualia a la que le fueron otorgado los contratos. 

Mientras tanto en Cataluña, la plataforma cívica Aigua es Vida presentó un informe en la fiscalía anticorrupción en el mes de febrero instando una investigación formal del acuerdo tomado el año pasado por la Autoridad Metropolitana de Barcelona (AMB) de otorgar a Agbar la concesión del tratamiento integral del agua por 35 años por un importe aproximado de 330 millones de euros, sin licitación. La plataforma alega que la operación, que está tratando de bloquear el gobierno regional, incurre en “mala práctica por parte de los funcionarios públicos” y fue basada en una alegación fraudulenta presentada por Agbar al título de la concesión. 

Mas abajo, siguiendo la costa mediterránea, en la provincia de Valencia, una orden judicial emitida en enero suspendió la adjudicación del servicio de tratamiento del agua, que habría requerido  que el ganador del concurso pagase al operador actual, Aguas de Valencia (AVSA) la cantidad de 86 millones de euros. El tribunal estuvo de acuerdo con el demandante Agbar en que la oferta había sido expresamente confeccionada para “asegurarse la concesión del contrato de AVSA”, el principal competidor regional de Agbar.